Mucho es el revuelo político y social que ha causado la decisión del Tribunal Constitucional (con ocho votos a favor y tres en contra) de volver a instaurar las corridas de toros en todo el territorio catalán, y por ende en la misma capital catalana, la única ciudad que de hecho posee una infraestructura legal para realizar este tipo de eventos. Así, se ha conseguido revocar la ley catalana de julio de 2010 que dictaba sentencia para las corridas en esta comunidad, justificando que invade competencias en materia de cultura que le son propias al Estado.

Tras esta declaración jurídica, partidarios de las corridas y animalistas han salido a la calle y han protagonizado su protesta públicamente, creando infinitud de imágenes que han salido a la luz estos días en los medios, mostrando dos grupos totalmente enfrentados ideológicamente.

Más allá del debate en las calles, hay otro que sigue latente en la esfera política, y que ha llevado a varios personajes públicos a mostrar su opinión.

Entre ellos encontramos a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que en un tuit en sus redes sociales afirmó que no acataría la decisión del Constitucional de ninguna forma. Así lo explicitaba en su cuenta de Twitter: Barcelona es ciudad anti-taurina desde 2004. Diga lo que diga el TC., haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato a animales.”Además, Jordi Turull, consejero de territorio y sostenibilidad del ejecutivo catalán sentenció literalmente la lidia con las siguientes palabras: "no volverá a haber corridas de toros en Cataluña diga lo que diga el TC." y añadió que utilizarían todas las herramientas que estuvieran a su alcance para imposibilitar el evento.

Más allá de individualidades, los partidos políticos como organización también se han manifestado.

Todos los partidos de la Cámara catalana, excepto PP y Ciudadanos se han puesto de lado de la Generalitat para evitar que se vuelvan a celebrar corridas en la Monumental. Los dos partidos contrarios a dar apoyo al Govern, echan en cara a los independentistas que estos promueven la vulneración de los derechos de decisión de los españoles, que son libres para decidir si ir a ver los toros o no, y la erradicación de todo símbolo que tenga que ver con España.

Por otro lado, en el resto del Estado, partidos como el PP aún no se han pronunciado públicamente sobre la cuestión.

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