Polémica en Barcelona a raíz de un desahucio que ha tenido lugar esta semana. La alcaldesa Ada Colau twitteó lo siguiente: “Exigimos a @govern que @mossos no vuelvan a desahuciar nunca más una familia con niños. Los derechos de los niños deben prevalecer siempre”. Este mensaje fue respondido mediante el mismo canal por los Mossos d’Esquadra. El cuerpo de policía recordó a la alcaldesa que no tienen competencias ni para ejecutar ni para parar ningún desahucio, sino que actúan por orden judicial para dar protección a los funcionarios judiciales encargados de realizar la operación.

Del mismo modo, han lamentado que se les coloque en medio de un problema que tendría que ser solucionado en instancias políticas.

En este contexto, es interesante recordar qué decía Ada Colau al respecto cuando Xavier Triasostentaba la alcaldía. Entonces, culpaba al ayuntamiento del drama de los Desahucios. Llegó a colgar un mensaje dirigido al entonces alcalde convergente con las imágenes de una familia desahuciada y el añadido de “mirad este vídeo y moríos de vergüenza”.

Ahora que es ella alcaldesa, resulta que los culpables son otros.

Curiosamente, ella misma entra en contradicción. En un tweet anterior, culpa de esta situación al recurso que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Anti-desahucios aprobada por amplia mayoría en el Parlament de Catalunya. Por eso, les hace directamente responsables de los desahucios que hay en la ciudad cada día.

Cabe recordar que tal ley fue votada favorablemente, entre otros, por los partidos que hoy conforman el Govern de la Generalitat. Así pues, ¿por qué dirige sus ataques hacia ellos? ¿Por qué atacar a aquellos que persiguen, en este tema, el mismo objetivo?

En ese sentido, es interesante destacar qué ocurrió ante otro hecho que ha marcado lo que lleva de mandato: el intento de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.

A partir del impulso de Jaume Asens, el gobierno municipal anunció a bombo y platillo su cierre por una falta de licencia. Tal instalación llevaba cerrada semanas por unas obras. Ahora bien, las competencias al respecto, también, corresponden al gobierno español, que respondió de forma inmediata. No solamente no cerró el CIE, sino que volvió a incorporar internos en él. La humillación al gobierno municipal llegó al punto que los funcionarios que fueron a traer la orden no pudieron ni siquiera entrar allí.

Entonces, nadie del Govern de la Generalitat la culpó de nada. Al contrario, el mismo Carles Puigdemont mostró su apoyo a la alcaldesa y declaró que harían todo lo posible para conseguir el cierre de la instalación. Una actitud muy distinta, pues, a la mostrada por ella. Cuando existen objetivos comunes, las diferencias en otros aspectos deberían de quedar apartadas.

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