Desde que comenzó la crisis, la brecha entre las personas que pueden acceder a la sanidad y los que no ha ido en aumento.

“El infame RD 16/2012 del Partido Popular es una violación a la carta de Derechos Humanos de la ONU. Para unas cosas sí que gustan rendir pleitesía pero en cuanto a lo que se refiere a cumplir con obligaciones no gastan en escurrir el bulto. Además de inmoral no supone un ahorro para el sistema sanitario público, al suponer un mayor coste atender a una persona residente irregular en estadios agravados de una enfermedad que atenderla cuando la situación no requiere de una urgencia.

Sin mencionar el peligro en salud pública al que nos exponemos por la negligencia de negarle la adecuada asistencia sanitaria a todas las personas que debido a su situación así lo requieran; y eso hay que diferenciarlo de ciudadanos de la UE con los que se cuentan convenios, y si son atendidos en territorio nacional existen procedimientos legales de compensación con el país de origen (léase Alemania, Francia, etc.), cosa que justificó en buena parte y de forma vil dicho real decreto”, aseura el portavoz de salud de Podemos Andalucía, Juan Antonio Gil.

“Se materializa la llamada ley de cuidados inversos por la cual son las personas que más lo necesitan las que tienen mayor problema de acceso a la sanidad pública, potenciada por la relación directa de una mayor desigualdad social (evidente tras 5 años de políticas austericidas) y una peor salud en la población”.

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