A pesar de que ambas formaciones se encuentran en un punto de no retorno del que presumiblemente saldrá un acuerdo de investidura, los detalles de estas negociaciones están levantando cierto revuelo por la renuncia de Ciudadanos a prácticamente todas sus líneas rojas.

Si en plena campaña del 26J Albert Rivera sacaba pecho por su lucha contra Cháves y Griñán atribuyéndose el abandono de sus respectivos escaños al estar "imputados por corrupción política", actualmente ambos quedarían en sus puestos y fuera de la nueva definición de Ciudadanos y el PP de "corrupción política", ya que ésta ha de implicar enriquecimiento personal ilícito y/o financiación irregular, condición que no se cumple por ejemplo en el citado caso de los dos dirigentes del PSOE procesados en el caso de los ERE's en Andalucía.

De esta forma pasa a establecerse una diferenciación entre la corrupción de aquellos que "han metido la mano en la caja" y la de los que han cometido "mala praxis". La dimisión de ambos cuando el Supremo confirmó su imputación fue un requisito indispensable de Ciudadanos en su día para apoyar la investidura de Susana Díez en Andalucía.

No es el único ejemplo, Fernando Martínez Maíllo fue citado a declarar como imputado por un juzgado de León ante la sospecha de la presunta ilegalidad de unos créditos concedidos por Caja España (siendo él miembro del Consejo de Administración), el caso se halla estancado más de un año después. Otros casos ya condenados también quedarían fuera de la nueva barrera establecida por PP y Ciudadanos, Pilar Sánchez, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, se halla en la cárcel con una condena de cuatro años y medio por malversación, falsedad documental y prevaricación; pero al no haberse lucrado a título personal ni haber favorecido económicamente a su partido, quedaría fuera de esta nueva definición.

Ejemplos como el anterior hay muchos y muy diversos.

Esta revisión de las condiciones se une a la ya impuesta por el Partido Popular de aplicar el pacto anticorrupción unicamente a cargos estatales y no a aquellos de ámbito regional. Baltar, cabeza del PP en Ourense investigado por ofrecer presuntamente empleo a cambio de sexo, quedaría fuera de estas condiciones por partida doble y también mantendría su cargo.

Parece que Ciudadanos, el partido que más votos perdería de cara a unas terceras elecciones según las encuestas, está dispuesto a tragar todos los sapos necesarios para no llegar a esa situación.

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