El Partido Popular podría estar realmente cerca de convertirse en el primer partido en toda la historia de España que se sienta en el banco de los acusados, gracias al auto de procesamiento del caso de los ‘ordenadores de Bárcenas’ que lo han colocado ahí.

Esto está sucediendo gracias a reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminalque se estableció en 2012, la cual fue impuesta por el mismo PP, con la cual se puede exigir responsabilidad penal a los partidos políticos por algunos crímenes específicos, entre los cuales se encuentra el crimen de daños informáticos, con lo que el Partido Popular debe de responder por borrar los discos duros de Luis Bárcenas.

El castigo en esta ocasión sería de seis meses a dos años de prisión, los cuales pueden ser cambiados por personas jurídicas a una multa.

En el Código Penal se marca una multa de entre un mínimo de €30 euros al día hasta un máximo de €5.000 euros diarios. En el dado caso de que el Partido Popular llegara a ser condenado por la mayor pena (dos años) y en el caso de que la ley entiende al año por 360 días, la multa máxima que la formación tendría que pagar sería de €3,6 millones de euros.

Ahora, la diferencia que hay entre la multa mínima y la máxima es realmente grande, tanto que si el partido de Mariano Rajoy tuviera que pagar la mínima se limitarían a sacar €21.600 euros del bolsillo.

Rosa María Freire, la titular del juzgado de Instrucción número 32 en Madrid, ha comentado que desde su punto de vista el Partido Popular es responsable indiciario de eliminar la información que había en los discos duros que uso Bárcenas, comentando que “por no haber puesto un modelo de gestión y organización funcional para impedir la comisión del delito, toda vez que aun hasta la fecha no hay ningún inventario sobre los elementos informáticos que existen en su sede”.

“Se prosigue con la presunción de que lo que hay en los discos duros son del Partido, no hay ningún protocolo interior de seguridad como tal, por lo que no se puede considerar, de forma rigurosa y seria, el folio que contiene el llamado procedimiento de borrado seguro, el cual, además, no era conocido por nadie en Génova”, concluyó la magistrada.

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