El pasado mes de mayo, la Comisión Europea decidió retrasar la apertura de proceso de sanciones contra España hasta ver culminadas las pasadas elecciones generales y, el referendo británico. Ya celebrado el proceso electoral en ambos países, no queda excusa para un nuevo aplazamiento, por lo que, como ya era de esperarse, Bruselas inició el procedimiento que sancionará a España y a Portugal por no cumplir las metas de reducción de déficit a largo del 2015.

Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, explicó que aunque el déficit español, cerró 2015 por encima del 5% (9 décimas por encima de lo establecido) bajará hasta el 3,6% del PIB a finales de este año.

Sin embargo, el objetivo que se pactó con Bruselas no ha sido modificado y sigue siendo el 2,8% este año, un nivel que es imposible de alcanzar.

Según la comisión “España no ha tomado medidas efectivas” para disminuir el déficit de presupuesto, por lo que le corresponden medidas disciplinarias, mismas que ya han sido anunciadas oficialmente por el presidente de la Comisión Europea.

¿Habrá sanciones para España?

Es probable, pero éstas pueden diluirse en un pequeño laberinto burocrático que a todas luces beneficiará enormemente la gestión de Rajoy.

En principio se debe dejar claro que la Comisión no puede sentenciar una multa pues no corresponde con sus funciones. Ella solo puede recomendar una sanción para que luego, en reunión, los ministros de finanzas de Europa (ECOFIN) determinen la agenda a seguir.

La clave está en que la última reunión de verano del Eurogrupo será este próximo 12 de julio y el siguiente será en septiembre, pero ésta será una reunión informal, por lo que seguramente se conversará entre pasillos los puntos de vista al respecto, pero en definitiva no se tomará una decisión oficial sobre el caso.

Esto dilata el debate hasta octubre, donde el proceso puede tomar dos vertientes: Desestimar la recomendación y cerrar el expediente o, seguir adelante con el proceso disciplinario. En caso de que la ECOFIN decida seguir adelante, España tendría 20 días para sus alegatos y conseguir que se reduzca lo más cercano a cero posible el monto final de la sanción.

Sea cual sea el caso, el tiempo ganado permitirá que España reciba las medidas con un Gobierno formado al que se le pueda exigir planes de ajuste.

¿A cuánto ascendería la multa?

En teoría la sanción será de 0.2% del producto interno bruto, es decir unos 200 millones de euros. Pero la mayoría considera improbable que Bruselas obligue a un país en recuperación desembolsar 200 millones como castigo. Sobre todo porque hasta la fecha ninguno de los países que incumplen han tenido que pagar.

La probabilidad apunta a queel gobierno de Madrid reciba una reprimenda formal, Bruselas exigirá algunas reformas estructurales más ambicioso y pediráseñales de credibilidad y confianza.

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