Este 26 de junio los españoles han vuelto a las urnas después de seis meses en los que no se ha logrado formar un gobierno. La principal novedad era la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, Unidos Podemos. Esta coalición aspiraba a ser la segunda fuerza en el Congreso, dejando al PSOE como la tercera, por primera vez desde la desintegración del régimen franquista.

Las encuestas confirmaban que Unidos Podemos quedaría por delante del PSOE, con un 25-26% de los votos frente a un 21-22%. Una vez ya cerrados los colegios electorales se publicaban los sondeos a pie de urna, con más de 100.000 encuestados, y confirmaban el llamado ''sorpasso'' de la formación morada, que obtendría unos 90 escaños frente a unos 85 del PSOE.

Hasta ahí todo transcurría con normalidad pero en cuando se conocieron los resultados todo cambió: el PP ganaba las elecciones con 137 escaños, 14 más a pesar de los últimos casos de corrupción; el PSOE aguantaba como segunda fuerza con 85 escaños, Unidos Podemos se quedaba relegado a la tercera posición con 1,1 millones menos que en diciembre y Ciudadanos a pesar de no perder muchos votos era víctima del sistema electoral y se quedaba con 32 escaños.

Al día siguiente empezaron a saltar las alarmas después de que los mismos representantes de Unidos Podemos admitieron que no sabían qué había pasado, los votos que había perdido (1.110.000) la coalición eran prácticamente iguales a la diferencia de participación (1.190.000).

Casualmente en la web del Ministerio de Interior los datos de las elecciones del 20D señalan que hubo un 69,67% de participación cuando en realidad fue del 73,2%, casualmente el mismo número de votos que ha perdido Unidos Podemos.

Pero la cosa no termina aquí, la empresa encargada de el recuento de votos, Indra, ha conseguido ganar el concurso que perdió el 20D rebajando un 40% el presupuesto.

Esta misma empresa ha sido sancionada en Barcelona por ''fallos graves'' en el voto electrónico en 2010, implicada en un caso de soborno en Argentina ese mismo año, acusada de complicidad con el gobierno en Angola en las elecciones de 2008 y 2012, también ha estado implicada en la trama de corrupción Op.

Púnica y ha sido investigada al conseguir gran cantidad de contratos con la Generalitat de Cataluña tras la compra de una empresa al hijo del entonces presidente Jordi Pujol. Además, por las redes sociales se han empezado a denunciar irregularidades y falta de control en el proceso electoral por personas que han estado en las mesas electorales.

Ante estos hechos las sospechas han empezado a extenderse y ya se han elaborado peticiones en Change.org y Avaaz para que se compruebe que el proceso electoral se ha hecho con todas las garantía democráticas y ya han superado ambas las 100.000 firmas.

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