¿Qué han supuesto los cuatro meses de impasse político en el Estado? En términos económicos, un gasto de 200 millones de euros en su mayoría de las arcas del Gobierno español. Es el resultado que se desprende de sumar lo que gastaron los partidos durante la campaña del 20-D y que el Estado les devuelve en buena parte en subvenciones (42,4 millones de euros), el coste del engranaje electoral para garantizar el voto de los ciudadanos (130 millones) y el de los sueldos de los diputados, senadores y el gobierno en funciones (30,5 millones) en los cuatro meses de legislatura. Pero el coste para las arcas del Estado no acaba aquí.

La convocatoria electoral de cara al 26 de junio puede llegar a costar casi 200 millones de euros más. Por un lado, la logística volverá a valer alrededor de 130 millones. Y por otro, el conjunto de los partidos tienen derecho a presentar justificantes de gastos por valor de más de 60 millones de euros, ya que el máximo de gasto electoral en subvenciones son 13,5 millones de euros para formación, tal como establece la Loreg, la ley electoral.

Para transmitir una imagen más austera, todos los partidos llegaron ayer a un principio de acuerdo para reducir este gasto de cara la campaña del 26-J. Eso sí, vieja y nueva política escenificaron sus diferencias en una reunión de dos horas y media en el Congreso con todas las fuerzas para sellar un pacto.

El PP y el PSOE hacen pinza para que todos los partidos recorten un 30% en gasto electoral en relación a lo que gastaron el 20-D. Tanto Podemos como Ciudadanos, en cambio, proponen que todos los partidos tengan el mismo techo de gasto. Los de Pablo Iglesias proponen un máximo de 3 millones de euros mientras que C 's fijaría el límite en 6,5 millones -la mitad de lo que marca la ley electoral -.

Una manera, en ambos casos, de evitar recortar en campaña.

El fin de las banderolas

El único punto en que sí hay consenso entre todos los partidos -a la espera de sellar un acuerdo el miércoles de la próxima semana en una nueva reunión en el Congreso -es acabar con la publicidad electoral en la calle.

A efectos prácticos, se traduce a recortar los contratos publicitarios para instalar banderolas en las farolas, los carteles en las marquesinas de autobuses o grandes imágenes de los candidatos en fachadas de edificios en obras.

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