Durante los últimos meses la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena junto a su equipo de Gobierno ha trabajado para regular el sector de espacios públicos destinados a los quioscos y terrazas, en un texto que puede afectar el empleo de entre 8.500 y 12.000 personas y que ya ha desatado una ola de preocupación entre los empresarios del sector, quienes temen que las nuevas normas y sus más que probables restricciones afecten de lleno al sector y les limite el número de personas que suelen contratar durante la temporada.

La última normativa municipal data del año 2013 y que fue la causante de una verdadera explosión de terrazas, ya que se pasó de 1495 permisos a 3740, por tanto el aumento que se produjo gracias es esa permisividad durante el mandato de Ana Botella fue de un incremento de un 150%, dicha normativa según explicó el gobierno municipal de aquel entonces, obedecía a un gesto dirigido a dar una mano al sector de hostelería para paliar la crisis, ahora, el gobierno presidido por Carmena ha insinuado una serie de restricciones con la nueva norma alegando el derecho a descanso de sus vecinos.

Ante ello los empresarios se defienden argumentando que sólo se produjeron 61 denuncias por ruido en terrazas durante el pasado año y se temen lo peor pues en el mes de julio será cuando se proceda a la renovación de esas normativas que regulan la colocación de terrazas y quioscos en espacios públicos, dentro del estudio, que ya lleva tres meses de duración también se tendrán en cuenta obstáculos, publicidad al tiempo que buscan una solución a las terrazas ilegales.

Todo esto está provocando un clima de tensión tanto en el sector de la hostelería como de las personas que ya contaban al menos con un contrato de trabajo que existe durante la temporada de terrazas, pero el Ayuntamiento ha dejado claro que primará ante todo el descanso de sus vecinos y ya existe un precedente de la Plaza independencia donde se procedió al cierre de la terraza Ramses por ocupar más espacio público del permitido y poner más material del debido en la calle.

En relación a las terrazas ilegales existen denuncias que uno de cada tres veladores que existen en la capital madrileña no cuentan con los permisos, la policía municipal procede al retiro de las mesas y sillas que ocupan de forma irregular el espacio público, algo que genera una tensión permanente entre los que sí pagan y los que pretender evadir el impuesto, el gobierno presidido por Carmena intentará, con la nueva normativa, terminar con esta práctica o al menos abatir sensiblemente la misma.

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