El juez de instrucción número 18 de Valencia, que instruye el llamado caso Imelsa, ha enviado al Tribunal Supremo la investigación por supuesto blanqueo de capitales que afecta la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas del grupo municipal popular María del Carmen García Fuster, persona de la máxima confianza de la exalcaldesa y principal imputada en esta pieza separada.

En esta causa están imputados 9 de los 10 concejales del PP -que actualmente están suspendidos cautelarmente de militancia-, así como asesores y exasesores del grupo y el propio partido.

En total, hay 47 personas imputadas más el Partido Popular como persona jurídica y la causa investiga donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

La declaración de la exalcaldesa

En el caso de Rita Barberá, el instructor considera que las explicaciones dadas por la senadora en la declaración voluntaria que dirigió por escrito al juzgado -previa a la decisión de elevar o no la causa al Supremo- son insuficientes para excluir su posible implicación en el delito de blanqueo que se investiga. Además, el juez argumenta que dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales, exediles, asesores y extrabajadores del grupo que también hacer el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar la exposición razonada al Supremo para que Barberá pueda ser investigada.

Barberá explicó en su declaración remitida al juzgado el 1 de abril que, tal como afirmó en las dos ruedas de prensa en la que se defendió de las acusaciones de blanqueo, si bien dio 1.000 euros al PP para sufragar la campaña electoral de los comicios municipales de mayo de 2015, el partido nunca le devolvió ese dinero.

Un dinero que, según apunta la investigación, podrían proceder de comisiones ilegales cobradas a empresas a cambio de contratos públicos.

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