Es una actividad recurrente en los gobiernos liberales que habitannuestro mundo destinar toda la capacidad gubernamental posible hacia la apertura de posibilidades de negocio en el ámbito privado. Deshacerse como si quemara de todo aquello que pertenece a lo público, venderlo como propio a precio de saldo a instituciones que prometen un mejor y más competitivo servicio, pero que rara vez cumplen con la palabra. Dar cobertura a las grandes corporaciones en perjuicio del ciudadano, de plena actualidad tenemosal ministro de Energía Jose Manuel Soria, ilustre ejemplo de político neoliberal.

El esquema a seguir por esta política de corte liberal es muy sencillo.

1.- Dejar de subvencionar algún activo público como por ejemplo un hospital.

2.- Esperar a recibir las quejas de los usuarios y darles cobertura.

3.- Repetir incansablemente en todos los medios que el servicio no funciona por ser, precisamente, público.

4.- Promocionar lo privado como viable, como lo único viable, usando a su antojo los medios de comunicación, para sostener unbuen servicio.

5.- Vender a alguien cercano, de confianza, la instalación y recibir en Panamá, o en cualquier paraíso fiscal, su recompensa.

Hasta aquí mi opinión de lo que muy probablemente haya ocurrido en muchísimos hospitales y servicios en toda nuestra nación y fuera de ella,como es el caso del nuevo Hospital de Toledoen el que, según varios diarios nacionales, se desvió una cantidad de 9 millones de euros a publicidad para promoción del entonces partido en el gobierno de Castilla la Mancha, el Partido Popular, en lugar de destinarlo a lo que debió ser su propuesta inicialy para lo que se aceptó un préstamo con un montante total de 115 millones de financiación.

Esta es, precisamente, la cantidad total que reclama el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha pedido en el consejo intinerante de Torrijos (Toledo), celebrado el 12 de Abril de 2016, saber donde está esa cantidad que fue concedida por el banco BBVA para el exclusivo uso de la construcción del Hospital de Toledo y no para pagos ordinarios de la Administración, como fue su destino final.

Este sangrante caso va más allá de la codicia política, del ansia de mantenerse en el poder a cambio de la salud de las personas, lleva implícitamente un desvirtuamiento moral de aquellos que realizan estos hechos, una recesión a los más primigenios sentimientos animales de saciar un apetito imposible que crece proporcionalmente ala altura del escaño que se ocupa.

La política ejercida por el Partido Popular a lo largo y ancho del país cumplen a rajatabla con lo dictaminado por el FMI, asociación que ahora contradice públicamente las políticas ejercidas por ellos.

María Dolores de Cospedal, máxima representante del Gobierno de Castilla la Mancha en el momento de los hechos ya que ocupaba el cargo de presidenta regional, deja el pufo al actual gobierno de Emiliano García-Page, que reinició el día anterior al 12 de Abril las obras en este hospital, consistente en "detraer de otras partidas" el cargo de finalización de la obra, así como el pago de los "intereses y las amortizaciones de un préstamo que en su día debía haberse destinado a la finalización de esta infraestructura sanitaria".

Queda claro, con este ejemplo, las malas artes en la administración del gobierno de María Dolores de Cospedal; que la intención de ella y de su partido no es precisamente mantener una infraestructura sanitaria al alcance de todos los españoles, sino que muy al contrario, existe un claro diseño para acabar con este y potenciar de manera deliberada el modelo de sanidad de pago/liberal/privado, en perjuicio de una mayoría de ciudadanos.

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