El día 21 de abril la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu que investigue la pitada realizada contra el Himno Nacional y Su Majestad el Rey Felipe VI en el trascurso de la final de la Copa del Rey del pasado año. Como se recordará, el partido enfrentaba a l F. C. Barcelona con el Athletic de Bilbao en el campo del primero.

En junio de 2015 el partido político Vox denunció ante la Fiscalía General del Estado a once organizaciones separatistas por promover la pitada. Se abrieron entonces diligencias en el Juzgado de Instrucción de Barcelona, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional por razón de competencia.

Aunque en un primer momento el juez Andreu archivó la causa por considerar que los hechos denunciados se encuentran amparados por la libertad de expresión, ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rectifica al magistrado y entiende que debe ser investigada la causa por “la vejación de los símbolos de la Nación española, como es su himno y al Jefe del Estado de una manera planificada”. De esta manera la Sala de lo Penal apoya el razonamiento de Vox que considera injustificado el archivo de la causa por no tratarse de una cuestión de libertad de expresión, sino de delitos premeditados de ultraje e injurias al Himno Nacional y al Rey.

Este tipo de delitos están penados con hasta dos años de prisión mediante el artículo 490.3 de Código Penal.

Las organizaciones denunciadas, todas de carácter separatista, promovieron la pitada mediante el “Manifiesto por la pitada al himno español y a Felipe de Borbón” que fue ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales. En él se alentaba a los asistentes al encuentro deportivo a acudir al mismo con banderas independentistas y a realizar la pitada en el minuto 15:14.

También se procedió al reparto de 15.000 silbatos entre los asistentes.

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha manifestado el compromiso de su partido de no claudicar ante quienes atacan permanentemente a España “aprovechándose casi siempre de la pasividad de las instituciones que deberían impedirlo”. Aseguran que están decididos a poner fin al sistemático ultraje de los símbolos nacionales por parte de los separatistas amparándose en la libertad de expresión.

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