Enrique Ortíz confiesa que durante las campañas electorales de los años 2007 y 2008 en la comunidad valenciana durante las cuales el PP obtuvo las mayores victorias electorales de su historia, él financió al PP de forma irregular sus actos de campaña, al mismo tiempo admite que lleva años haciendo regalos a los políticos, los aportes ilegales que hizo Ortíz se producen a través de la empresa Orange Market, dicha empresa era la responsable de organizar los actos de campaña del PP valenciano y le cobraba al empresario con facturas falsas por servicios no prestados.

Ortiz espera que, mediante esta "confesión tardía de los hechos" la Audiencia Nacional que investiga la trama del caso Gürtelle rebaje la pena que sería de hasta 4 años, ante ello el empresario confiesa de forma íntegra su participación de financiación ilegal, en un escrito donde además agrega los 40.000 euros que el juez en la apertura oral le reclama, el empresario espera que con la confesión la pena impuesta de 4 años se vea rebajada a un año y 3 meses, algo que evitaría su ingreso en prisión ya que puede ser sustituida con una multa.

Dentro de la rama Gürtelque investiga la Audiencia Nacional se encuentran siendo investigados 5 miembros de la cúpula del PPCV, además de 10 empresarios de la construcción, , incluído Ortiz, todos ellos adjudicatarios de Obra Pública, más los que encabezan la trama, los cuales por delitos de falsedad documental y delito electoral pueden ser condenados con hasta 27 años de prisión.

Según los escritos de la acusación, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató los servicios de Orange Market para tener a través de ellos un mejor y mayor despliegue durante los actos celebrados en la campaña electoral, al parecer esos servicios prestados por dicha empresa los habrían efectuado los empresarios acusados y actualmente investigados y que habían pagado parte de las mismas a través de facturas falsas, mientras que el resto del pago habría sido en metálico, por ello dentro del mismo escrito se puede apreciar que se " se infringieron la genérica legal del abono de partidos políticos por terceras personas" un delito que se agrava especialmente dado que los empresarios involucrados al ser adjudicatarios de contratos públicos tienen prohibición expresa de realizar donaciones.

Pero no es en lo único que se ve envuelto el empresario alicantino con la justicia, el mismo también está siendo investigado por delitos de presunta corrupción en el PP de Alicante, en dos casos, el de Rabassa y Brugal, según los datos, Enrique Ortíz habría recibido por parte de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, anteriores alcaldes de la cuidad y con los cuales el empresario guarda una estrecha relación de amistad, tratos de favor.

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