Todo aquel que alguna vez en su vida a tenido la necesidad, imperiosa o no, de tener que pasar por un proceso judicial, ya sea de cualquier índole: administrativa, mercantil o penal, sabe del caos documental, que a día de hoy, sigue siendo el paisaje que reina en nuestra Justicia.

Es común ver las estanterías, mesas y hasta habitaciones llenas de sus oficinas, abarrotadas y repletas de miles y miles de expedientes, carpetas con documentación, pruebas, certificados, actas...

todo lo inimaginable, que se va acumulando en el transcurso de los procesos que se tramitan lentamente en los mismos. Pero lo que quizás muchos no sospechan, es que en la práctica, los juzgados de nuestro país se han convertido en unos improvisados bancos. En la denominada Cuentas de Depósitos y Consignaciones de cada oficina judicial competente para el caso en cuestión, es donde finalmente acaban todo el dinero incautado por las distintas operaciones policiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A la espera del desarrollo de las diligencias oportunas y juicios correspondientes. Que por lo general pueden pasar años. Pues, tal y como constata la Ley, hasta que no exista una sentencia firme, en la cual se decrete el origen ílicito del dinero, éste no podrá ser transferido al Estado.

Un ejemplo: sólo durante el pasado año 2015, el Ministerio del Interior confirma que se incautaron sólo en el apartado de lucha contra el crimen organizado, la cifra de más de 26 millones de euros en metálico.

Hay casos sonados, que han saltado a los titulares de los medios informativos. Como el célebre maletín que contenía un millón de euros, que la Policía encontró en casa de un fontanero, y que se relaciona con la trama de la operación 'Púnica', contra Francisco Granados, ex tesorero del PP de Madrid, y envuelto en varios casos de corrupción.

Pero hay más. Más allá de la moneda metálica, los billetes de banco junto con cheques bancarios o valores realizables, están los bienes materiales incautados.

Y aquí podemos encontrarnos con todo una exposición, según los datos del años pasado: más de 1600 vehículos de todo tipo, incluyendo modelos exclusivos y de alta gama, hasta más de 150 barcos y embarcaciones menores, y 10 aviones. Además de casi 900 ordenadores, casi 4000 teléfonos móviles, y más de 160 propiedades inmuebles. Todo ello, con un valor estimado de alrededor 128 millones de euros.

Tanto la Policía como la Guardía Civil, establecen un protocolo de actuación en base a las instrucciones establecidas por la Secretaría de Estado, a la hora de hacer uso provisional de todo estos bienes.

Por ejemplo, en las operaciones contra el narcotráfico, es común que determinados vehículos en buen estado, pasen a formar temporalmente del parque móvil del cuerpo que realizó la actuación. U otro si así se solicitase. El resto, serán a la larga supceptibles de ser sacadas a subasta pública.

Por último, señalar, que además de todo el dinero y bienes procedente de actuaciones policiales, y que acaban en los juzgados, también hay un incontable fuente de dinero que son depositados tanto de forma voluntaria, como obligada por alguna sentencia, por miles de personas inmersas en pleitos y juicios administrativos y mercantiles.

En definitiva, nuestros juzgados se convierten en la práctica, en unos inadvertidos bancos. Con altas sumas monetarias que custodiar. Y que en muchas cosas, están bajo medidas de seguridad que adolecen de lo que sería recomendable.

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