La práctica de los favores políticos no es novedad y existe en todas partes del mundo, sólo que hoy en día algunos partidos emergentes le están plantando cara, en este caso , la CUP interpuso denuncias que fueron aceptadas a trámite y ahora, una vez levantado el secreto de sumario se comienza a conocer el alcance de esta red de favores en la cual se encuentran involucrados varios ayuntamientos gobernados por el PSC.

Josep Féliz Ballesteros es alcalde de Tarragona desde el 2007 y ya fue imputado anteriormente aunque el caso fue finalmente archivado, por el caso de las dietas en la FCM ( Federación de Municipios de Cataluña), ahora es el juzgado de instrucción Nº 1 quien lo cita a declarar en calidad de investigado ( nueva denominación para los imputados) esta vez en relación al caso de una contratación irregular en el año 2010 de la empresa Iniciativas y Programas ( Inipro) y dentro de este caso la suma de personas investigas son 11.

Ballesteros está siendo investigado por los siguientes presuntos delitos; tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios en subastas públicas, cohecho y malversación, el alcade de Tarragona declaró por estos temas el pasado 26 de enero pero negó que se cometiera delito penal alguno aunque sí reconoció "mala praxis" administrativa, la CUP denuncia que el Ayuntamiento de Ballesteros que se contrató a Inipro dentro de una ausencia de competencia real ya que el contrato se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Ricard Campás, militante del PSC es quien se encuentra al frente de Inciativas y Programas ( Inipro) empresa que nace en 1990, para luego convertirse en la matriz de otras 3 empresas, Itenere, Educare XXI y Servicios Educativos, estas empresas han concentrado el 93.3 de los contratos públicos que han ganado, casualmente en Ayuntamientos gobernados por el PSC, en los que han facturado una suma cercana a los 51 millones, desde el 2007, tan solo 14 de los 128 contratos no fueron dentro de los ayuntamientos del PSC, algo de dejaría en evidencia el tráfico de influencias.

Entre los ayuntamientos que pueden haber favorecido deliberadamente a Inipro se pueden encontrar el de Tarragona, Viladecans, Hospitalet de LLobregat, Cornellá de Llobregat, Moncada i Reixat, Palau de Plegamans, etc.

En caso de Ballesteros, la CUP interpuso denuncia en el 2013, ante la cual el Área de Delincuencia Económica investigó el caso, del cual se desprenden algunos datos, Inipro firmó un contrato en 2010, con un monto de 61,066.60 sin posibilidad de prórroga pero luego esa vinculación se prolongó por otros 21 meses donde Inipro cobró 215.145.77, suma que percibe mediante "resolución del alcalde de Tarragona".

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