La crónica judicial evidencia día tras día que la estructura del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es mas parecido a una asociación de malhechores que a una formación con voluntad de servicio publico.

El acceso a la función pública desde el ejercicio de la política en España necesita una urgente y profunda revisión, las noticias que llegan desde Valencia nos hablan de un estamento que se ha sentido en la impunidad, ejerciendo la política como un instrumento de enriquecimiento personal desde hace décadas.

Alfonso Rus y la "Trama Taula" son las últimas estrellas mediáticas en las secciones informativas de toda España que recogen la crónica política, que desgraciadamente ha quedado unida muy a menudo con la judicial. Nueve de los diez concejales que forman el grupo popular en el ayuntamiento valenciano han sido imputados por el juez instructor de esta causa, en la que se juzga la "Trama Taula", además de seis ex-concejales y veinte asesores.

Sorprende ver en la hemeroteca el estilo chulesco de Alfonso Rus, que quizá debió encender las alarmas, pero la realidad es que ha hecho falta una crisis económica y social brutal para que esta situación de instituciones infiltradas por la corrupción se destapase, ha sido necesario que el "negocio" continuo acabase, para que no pudieran tapar los agujeros dejados por este estilo delictivo de hacer política, en la que se dotaban instalaciones municipales de césped artificial y se iluminaban las calles con bombillas LED, no por mejorar el bienestar de los ciudadanos, sino para generar comisiones millonarias a repartir.

Sin lugar a dudas el Caso Nóos puso en el punto de mira a la Comunidad Valenciana, y una vez que la "Caja de Pandora Judicial" se abrió, los "vientos" de la investigación policial han dejado al descubierto un panorama plagado de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohechos, gestiones fraudulentas y demás lindezas llevadas a cabo por los representantes políticos en quienes confiaron su voto muchos electores que veían al Partido Popular como la mejor opción para gobernar esas instituciones.

Cabe preguntarse en qué grado habría mejorado el bienestar ciudadano si la gestión política fraudulenta llevada a cabo por todas estas tramas no se hubiese producido, y sobre todo cabe preguntarse que podremos hacer a partir de ahora para evitar esa impunidad con la que se estafaba desde las administraciones.

Un grado del 90% de imputación entre los componentes del grupo popular del ayuntamiento de Valencia es una estadística insostenible, esta afirmación puede sonar a demagogia, pero es la cruda realidad, no era un grupo municipal, sino una "banda", en el peor sentido de la expresión.

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