Según el informe publicado por Amnistía Internacional, la libertad de reunión ha sido restringida a partir de la entrada en vigor dela Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal,limitándose el ejercicio de la libertad de expresión. En ellos se coartan tanto la libertad de expresión como la de reunión pacífica, estableciendo límites al cuándo y cómo del ejercicio al derecho a la manifestación."Además, dotaba a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les mostraran 'faltas de respeto'", tipificando como delito, además, la difusión de imágenes de policías en determinadas circunstancias -como podría ser, por ejemplo, ejerciendo la violencia contra los manifestantes-.

Además, se denuncia la existencia de 'tortura y malos tratos'. El informe indica que el Comité de la ONU contra la tortura ya manifestó su preocupación por la falta de investigación con respecto a denuncias relacionadas con este tema.

En el ámbito de los 'Derechos de las personas refugiadas y migrantes' se denuncian hechos como las "devoluciones en caliente" -sin evaluar su situación antes de devolverlos a África- desde Ceuta y Melilla y las actuaciones de la Guardia Civil con respecto a la inmgiración.En lo referente a este tema también se denuncia la falta de respuesta a las peticiones de asilo por parte del gobierno español, así como la desprotección de los inmigrantes sin acceso a la sanidad pública universal.

Con respecto a las 'medidas antiterroristas', el informe dice "la reforma en octubre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no eliminaba el uso de la detención en régimen de incomunicación" pese a la insistencia de algunos organismos de derechos humanos en que "este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales de España (...).

En julio se modificaron varios artículos del Código Penal relativos a los actos de terrorismo, incluida la definición de estos actos, que pasó a ser más amplia". Estos cambios han llevado a considerar delitos de terrorismo o enaltecimiento del mismo a casos que no lo eran-como el caso de los titiriteros-, limitando así la libertad de expresión.

En el ámbito de la 'violencia de género y los derechos de reproducción' se ha exigido por parte de organismos internacionales como la ONU, a lo largo de todo el año, que los funcionarios encargados de estos temas tengan la formación adecuada y que se repare a las víctimas que hayan sufrido malos tratos a pesar de haber dado cuenta a la Administración y las autoridades. Se insta, además, al gobierno a no restringir el aborto de las mujeres y menores de 18 años para evitar que las mujeres recurran al aborto clandestino.

En el apartado de 'impunidad',lo más remarcablees que la definición de desaparición forzada no se ajusta al derecho internacional y, por lo tanto, no se ajusta a la realidad del respeto a los derechos humanos.

El gobierno español ha negado, un año más, el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del franquismo, negándose a la petición de la ONU a extraditar o juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, en lo referente al 'derecho a la vivienda', el informe diceque en España entre 2008 y 2015 se han iniciado en total unos 630.000 procesos de desahucio, siendo inefectivas las medidas que se hayan podido llevar a cabo para evitar que se vulnerara el derecho a la vivienda, sin que hubiese acceso a los recursos judiciales por parte de las personas que se enfrentaban a desahucios.

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