La infanta Cristina y la Casa del Rey no se lo esperaban, desde que salió el caso Nóose implicó a la Infanta, los asesores de la Familia Real, los abogados de ella y ellamisma creíanque la doctrina Botín la iba a librar de ser juzgada, ese convencimiento se susurraba, ya que desde la Zarzuela el mensaje que se trasmitía era que “dejar actuar a la justicia”.

EL 11de enero cuando salían del juzgado Cristina de Borbón con su marido Iñaki Urdangarin, tras los análisis previos del juicio salió convencida que su responsabilidad se saldaría con una multa. Al abandonar la sala de ahí que saliera con una sonrisa, los alegatos de sus abogados, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado estaban de su parte.

Desde que salió la infanta de Palma de Mallorca en un avión con escala en Zúrich, antes de llegar a su casa. En el vuelo unos periodistas intentaron fotografiarla y ella mandó que sus escoltas lo impidieran desde que paso no se la ha visto, sólo sale para su trabajo.

No hace declaraciones, su silencio desde hace mucho tiempo aconsejado por sus abogados y el rechazo que tiene a la prensa, que cree que está siendo sometida a juicio público por culpa de los medios de comunicación.Y la infanta que está deprimida igual que Iñaki Undangarin ha recurrido a ayuda profesional para poder llevar su imputación. Se siente abandonada por Zarzuela y sigue creyéndose inocente.

Dentro de la familia real finalmente hay dos bandos diferenciados, por un lado la infanta Elena y doña Sofía no desean tener relación con la infanta Cristina, a su vez el resto de la familia no quiere oír nada sobre los Urgandarin.

Tanto el Rey Felipe VI como don Juan Carlos, intentaron mantener la relación con toda la familia, pero finalmente no ha podido ser así y la comunicación es prácticamente nula. Tanto Elena como doña Sofía intentan hacer de intermediarias, pero no consiguen tener éxito.

Será juzgada y seguirá sentada en el banquillo de los acusados, lo cual ha sido una sorpresa en Zarzuela, su abogado Miquel Roca estaba seguro de que se le aplicaría la doctrina Botín, que la cual dice “que no se puede llevar a nadie a juicio por delito fiscal solo con la acción de la acusación popular”

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