No tardó mucho para que después de constituirse el nuevo parlamento catalán se llegara a la intensidad de un proyecto independentista. El martes pasado dos grupos prosecesión presentaron la resolución del inicio del proceso de creación de una nueva república. Claro, el gobierno de Madrid no tardó mucho tiempo en contestar: “Hay leyes y frente a ustedes tienen a un gobierno que está más que dispuesto a hacerla valer”, afirmo Mariano Rajoy, presidente de España.

La votación de este texto se llevara a cabo la próxima semana, aunque si las cosas no cambian en unos cuantos días, su aprobación es más que segura, ya que los diputados independentistas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y la de Junts pel Sí, los cuales tomaron posesión a inicios de semana, tienen 72 escaños de 135.

Con respecto a las otras formaciones, estas mostraron su desacuerdo de diferentes maneras.

En esta ocasión se tendría que fijar un término de un mes de duración para que se creara una Hacienda y una Seguridad Social, y además de que la resolución implica un avance cualitativo en cuanto a las prestaciones independentistas, también nos habla de una gran desobediencia respecto a Madrid. Esta “desconexión democrática” que se propone sucede gracias a que la Cámara regional catalana “no acata las decisiones que se toman en las instituciones del Estado español, sobre todo las del Tribunal Constitucional.

Lo que los independentistas están intentando aquí es adelantarse al movimiento de Rajoy. Ir ante el Tribunal Constitucional con el texto cuando haya sido aprobado y suspenderlo.

Asimismo, el presidente Rajoy ha asegurado que “el gobierno garantiza completamente que no se lograran dichos objetivos de los independentistas, y que de ser aprobada la resolución, no tendrá efecto ni uno de sus efectos”, además de que asegura que ellos tienen “todos los instrumentos de la responsabilidad de un presidente y de la ley”.

Una de los instrumentos de los que el presidente Rajoy habla entro en vigor durante la semana pasada, la cual, además fue tramitada de forma inmediata o exprés. Esta es una reforma del Tribunal Constitucional en la que se establece que los funcionarios públicos que no cumplan con las sentencias pueden ser suspendidos o inhabilitados de sus cargos.

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