El proceso independentista iniciado tras las últimas elecciones catalanas puede salir muy caro al Gobierno de la Generalitat de Catalunya si estos deciden no acatar, como vienen avisando, la resolución del Tribunal Constitucional sobre la paralización del plan soberanista aprobada en el Parlament catalán.

Una resolución que ya ha caído en manos de una Fiscalía que no se anda con chiquitas y que ya ha advertido a todos aquellos políticos que se posicionen a favor de la rebelión catalana contra el Estado español a qué se exponen en el caso de no frenar en su afrenta al Estado, siendo este quien actúe con la Ley en la mano, con todos sus poderes.

En ese sentido, la Fiscalía española ya ha anunciado que todos aquellos alcaldes y altos cargos de la Generalitat que insistan en desobedecer las leyes se enfrentarán a penas de prisión de 30 años de cárcel por rebelión y a otros quince años de cárcel por un delito de sedición, afectando esta amenaza también a aquellas partes que conspiren o provoquen en el asunto de la independencia catalana.

Una vez declarada "inconstitucional" el inicio de la separación progresiva de Cataluña con el resto del Estado español por parte del Tribunal Constitucional, dejando sin efectos la resolución del Govern por "un grave quebrantamiento de la Constitución" española, el margen para la colación Junts Pel Sí y la CUP es realmente estrecho.

Detener la afrenta o afrontar las consecuencias legales de este pulso a España.

Si bien tanto el presidente de la Generalitat como los diputados regionales y nacionales no podrían ser perseguidos por la Audiencia Nacional al estar aforados, siendo el Tribunal Supremo quien decida qué sucede con ellos, de momento, quien sí podría acabar detenido en las próximas horas serían aquellos alcaldes, funcionarios y altos cargos de la Generalitat que sean acusados de tener fines "ilegales para cambiar la forma del Estado", castigados con 30 años en el caso del delito de rebelión y con 15 el de sedición.

A estos delitos se les podrían añadir los de prevaricación, desobedencia, usurpación de atribuciones e incluso el de uso indebido de fondos públicos.

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