Albert Rivera, líder de Ciudadanos, sorprendió hace unos meses cuando propuso legalizar la prostitución en España. La medida abre un debate sobre la regulación o no de esta actividad que incomoda y deja al descubierto pensamientos radicalmente opuestos. Ideas que olvidan, en lo afanoso de su convicción, a las verdaderas víctimas.

Según la Ley de Seguridad Ciudadana, en el país está penado el consumo, pero no el ejercicio, situación que deja, a la oferta y demanda de sexo, en el plano de la alegalidad. La pena por contratar servicios sexuales es considerada una falta grave y las multas oscilan entre los 600 y 30.000 €.

Un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que la prostitución en el país acumula anualmente cerca de 18 millones de euros. Según los datos recogidos, el 80 % de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad. Suelen ser extranjeras, sin documentación y en su mayoría procedentes de Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumanía y China.

Para la Policía Nacional, en España habría alrededor de 48 mil trabajadoras sexuales y existen más de 1.500 locales donde se practica la prostitución.

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