Recordamos la querella presentada por la Fiscalía Provincial imputando al Alcalde de Cogollos Vega y cuatro concejales, todos del PP, por presuntos delitos de prevaricación urbanística; por aprobar licencia para construir vivienda en suelo no urbanizable, de especial protección ambiental. [Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada Dil. Prev. 11643/2014]

En otro juzgado, el Alcalde y el concejal Tomás Fernández, se encuentran acusados por delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo -por construcción de nave, a nombre de la esposa del entonces concejal de urbanismo, Tomás Fdez-.

Tal enjuiciamiento está en fase de procedimiento abreviado en calidad de acusados, por lo que habrá vista oral y ambos se sentarán en el banquillo. [Juzgado de Instrucción nº3, Proc. Abrev. 109/2015].

Actualmente no se ha efectuado ninguna dimisión y continúan ostentando cargo público el regidor popular, Manuel Lucena, y cuatros concejales implicados en estos procedimiento judiciales, Concepción Romero Aguado (Teniente de Alcalde), Cristina Luzón Burgos (Cultura), Tomás Fernández Jiménez (Agricultura) y Marina Torres Hermoso (Bienestar Social). De un total de 7 concejales populares, 5 están imputados y algunos de ellos en varios procesos.

La Asociación Cívica de Cogollos Vega pide a Ciudadanos y PP que cumplan el pacto anticorrupción, cesando al actual Alcalde de la localidad y los cuatro concejales imputados (todos del PP).

Aplicando así el acuerdo de Regeneración Democrática firmado en junio por Ciudadanos y Partido Popular, en concreto por sus representantes provinciales, D. Luis Salvador (C's) y D. Santiago Pérez (PP). En dicho acuerdo decían: "Separar de inmediato, de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Todos los ciudadanos valoramos muy positivo el referido acuerdo, reivindicando a día de hoy que no se quede en papel mojado, pasando del dicho al hecho.

También deberían sumarse el resto de fuerzas políticas.

 Instamos, especialmente al PP de Granada, a cumplir su acuerdo, apartando de sus cargos a estos políticos implicados, como gesto de limpieza democrática.

Por otro lado, denunciamos que en estas causas están siendo asistidos por un bufete de abogados de la capital, Bufete de Rafael Revelles, contratado por el Ayuntamiento de Cogollos Vega para servicio de asesoramiento jurídico y defensa judicial -previa aprobación en Junta de Gobierno Local por estos mismos concejales-, siendo sufragado con los impuestos de todos los vecinos, generando un coste para las arcas municipales de unos 15.600 euros anuales.

Utilizar este bufete privado, en lugar del servicio de asistencia jurídica que presta la Diputación Provincial a los municipios, se justifica así para poder "camuflar" de asesoramiento jurídico lo que realmente es utilizado para fines personales, lo cual podría ser constitutivo de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Los ciudadanos no podemos permitir, como tampoco ningún grupo político, que se utilice dinero público para defender a políticos acusados por delitos de corrupción; cada imputado debería pagárselo de su bolsillo.

Entendemos que existe voluntad por todos los partidos de regeneración democrática, de transparencia y de tolerancia cero contra la corrupción, en todas las instituciones; por eso hemos traslado estos hechos a los líderes provinciales de Ciudadanos, del Partido Popular, de PSOE, de IU y de Podemos. Es momento de comprometerse con hechos, de poner en práctica esas intenciones y de ejecutar compromisos.

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