España es el único país de occidente que aún no ha solventado su pasado, el periodo estimado entre 1936 y 1977. Según la Audiencia Nacional 114.000 personas (leales al Gobierno democrático republicano) fueron asesinadas. Emilio Silva representante de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estima esta cifra en un número superior a los 130.000. Según Paul Preston, el hispanista inglés, en su libro el Holocausto español (2011), rondarían los 150.000 asesinados (desaparecidos ajenos a las muertes en el frente) por parte de los sublevados golpistas, con una gran salvedad frente a los muertos del bando republicano (el escritor inglés estima que rondarían los 50.000, de los cuales la mayoría fueron encontrados, enterrados y homenajeados pública e institucionalmente), la clara intención de exterminio y aniquilación por parte del bando sublevado, frente a la intención republicana de mantener el estado de derecho hasta donde pudo.

De ahí la calificación de genocidio franquista, la planificación de aniquilación de parte de la sociedad, buscando la destrucción total del orden democrático anterior y las personas que lo representaban. Además hay que sumar unos 30.000 niños separados de madres republicanas, dados a instituciones del estado franquista o a familias afines al régimen, hecho que continuó más allá de los años 50. Y más de 500.000 exiliados. En sí, una política planificada para borrar el país anterior. El porqué de esta situación está en el propio cuerpo de la ley de amnistía del 77 que choca frontalmente con la carta de derechos humanos de las Naciones Unidas, que afirma que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Los crímenes que afectan son los cometidos contra la población, desaparecidos, represaliados, torturados y asesinados en fusilamientos masivos, en campos de trabajo esclavo y de concentración, y en procesos sumarísimos sin garantía legal... o represión policial. Un periodo según la acusación que tendría como fecha exacta de inicio el 17 de Julio de 1936.

Un día antes del comienzo de la guerra de España, los sublevados fascistas (el denominado ejército africanista colonial español) se levanta en Ceuta y en Melilla y la represión es brutal contra la población y el gobierno republicano español. Este tiempo de impunidad transcurriría hasta el 15 de Junio de 1977, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas.

Los querellantes solicitan las imputaciones de más de 300 responsables de la represión ante la jueza argentina María Romilda Servini. Entre los responsables, el exministro Rodolfo Martín Villa por los asesinatos acontecidos en Vitoria en el año 1976, José Utrera Molina (Ministro de Franco, secretario general del movimiento y vicepresidente del gobierno, suegro de Alberto Ruiz Gallardón) por firmar la condena de Salvador Puig Antich en 1974. Los torturadores de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas. Además de los jueces y responsables políticos que firmaron las actas de los últimos fusilamientos de Franco el 27 de Septiembre de 1975, entre otros.

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