La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza", ha entrado en vigor el pasado miércoles no absenta de polémicas y deliberaciones.

La misma consta de 44 conductas que ahora son penalizadas según sean consideradas faltas leves, graves o muy graves. Las multas parten de los 100 € y llegan a los 600.000 €.

Miguel Ángel Soto es portavoz de Greenpeace en temas de derechos civiles, en una entrevista exclusiva para Blasting News analiza los puntos fundamentales y los más preocupantes de la nueva normativa.

"La ley ha sido recurrida por muchos aspectos, entre ellos, porque recorta los derechos fundamentales.

Entendemos que es totalmente anticonstitucional."

Consultado sobre la repercusión de esta normativa entre los manifestantes y los políticos responde, "la salida más rápida que vemos es el cambio en la mayoría parlamentaria. Todos los partidos de la oposición se han comprometido para una derogación de esta ley". Es tajante al considerar que "entendemos que la vía más rápida para acabar con esta ley es el cambio de gobierno".

Ante la pregunta sobre cuál de todos los puntos considera que es el que más afecta la libertad de expresión, Miguel Ángel comenta "el hecho de que puedas estar grabando una imagen policial o una manifestación y se considere que estas atentando, es algo que crea inseguridad jurídica, es bastante subjetivo.

Si el policía considera que estás atentando contra su seguridad personal, puede requisar el equipo con las imágenes y esto viola derechos, indudablemente, porque queda al arbitrio de la policía".

Se refiere a la norma que prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes.

El portavoz de Greenpeace asegura, "el derecho a la libre expresión no se puede erigir en unos sitios concretos. Hay una serie de infraestructuras donde ya no te puedes manifestar. Si eres un trabajador de un aeropuerto, ese espacio de trabajo no es un sitio de libre expresión porque la ley dice que ahora son sitios donde hace falta una autorización".

Es decir que la aplicación de la nueva ley "reduce el espacio democrático tanto físico, como el de la capacidad de decir cosas, porque puede considerar que estamos afectando la seguridad ciudadana", según Soto.

Un día antes de que la "Ley Mordaza" comenzara a aplicarse, tres activistas de Greenpeace fueron detenidos con cargos por colgar una pancarta frente al Congreso de los Diputados colgados de una grua. La ONG no se ha amedrentado "tenemos abierto el frente legal, entendemos que la comisión europea debería bregar porque esta ley no se extralimite por lo que vamos a seguir presionando a instancias europeas. Lo que más efectividad tiene es la movilización en la calle. Creemos que si el gobierno ve lo fuerte y valiente que es la gente que no va a dejar de manifestarse ni de protestar, que va desobedecer esta ley, vamos a encontrar que se debilitará, aún más, este gobierno que tiene muchos problemas de credibilidad social".

Para finalizar Miguel Ángel Soto afirma "no podemos dejar de hacer lo que hacemos, si no hiciéramos acciones imaginativas y no violentas, no seríamos Greenpeace".

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