La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife de Granada, María del Mar Villafranca, ha presentado su dimisión a través de una carta dirigida a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar. Lo ha hecho, tras conocer horas antes que la Fiscalía se había querellado contra ella, y otras cinco personas más.

Entre los que están siendo investigados se encuentran otros responsables más de la gestión del complejo monumental más visitado de España, y miembros de la empresa adjudicataria del servicio de audioguías.

María del Mar Villafranca ha justificado su decisión de renunciar a su cargo aludiendo que no quiere perjudicar la imagen de la Alhambra y del Generalife.

En su escrito ha defendido su gestión y honradez. Afirma que se trata de una medida "meditada y reflexionada". Dice que ha estado al frente del Patronato durante doce años entregada a esta labor. Ahora, asegura, fuera de la Alhambra, se podrá dedicar a defenderse, en declaraciones a los medios de comunicación.

Confía en la Justicia y en su derecho a la presunción de inocencia. La carta que Villafranca que ha leído ante la prensa termina con un agradecimiento a los distintos consejeros y presidentes de la Junta con los que ha trabajado a lo largo de más de una década.

En cuanto a la querella de la Fiscalía se le acusa de delitos como malversación de fondos públicos o blanqueo de capitales.

La investigación policial llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económico cuantifica el dinero del posible engaño en 5,5 millones de euros.

Las presuntas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria, por las que ya fue detenida y puesta en libertad con cargos, están basadas en la adjudicación del servicio de audioguías.

En 2007 se realizó un concurso público y lo ganó la empresa Stendhal.

En el pliego de condiciones se hablaba que el precio por este servicio debía ser de 4 euros, sin embargo, supuestamente se estaba cobrando a los visitantes del monumento a 6,5 euros.

Por otro lado, en el acuerdo se había establecido que la adjudicataria debía abonar anualmente unos 77.000 euros más una cantidad variable del 47%.

No obstante, en el contrato se recogía cantidades mucho más bajas. De 77.000 euros a 30.000, y del 47% al 15%. Villafranca dijo al respecto que se había debido a un error tipográfico, pero, que ya fue corregido.

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