Tras las múltiples exigencias del juez Ruz a Hacienda para que investigue y cuantifique el importe presuntamente defraudado por el PP, por fin, tenemos respuesta. Hacienda ha calculado que el importe defraudado asciende a 220.167 euros, cantidad fruto de no declarar el Impuesto de Sociedades por donaciones que recibió el partido siete años antes.

La barrera para que el fraude a la Agencia Tributaria pase a ser delito fiscal se sitúa en los 120.000 euros, cifra que ha sido rebasada ampliamente, pero, que pese a ello, la Agencia Tributaria insiste en que no es constitutivo de delito, ya que como mencionábamos anteriormente, los partidos políticos no tienen la obligación de pagar el Impuesto de Sociedades por donaciones, independientemente de si éstas son legales o no.

Esto no es algo nuevo y es que, como ha recordado la Agencia Tributaria al entregar esta mañana el cálculo en la Audiencia nacional, las entidades sin ánimo de lucro siempre han estado exentas de pagar esta tasa, y recalcan que lo único que se exige es que las cantidades ingresadas se destinen a fines íntegramente relacionados con la finalidad de la organización.

Respecto a ésta exigencia, el Partido Popular, ya ha entregado los documentos que acreditan que los ingresos fueron destinados a costear actos de campaña, cartelería, sedes, mobiliario...etc.

Los peritos, ciñéndose a la Ley de Financiación de Partidos Políticos, señalan que en ningún artículo se hace mención a que las donaciones ilegales deban tributar, apuntan que sólo se deberían pagar impuestos si el dinero se destinara a cuestiones ajenas a la finalidad del partido político.

Ejemplifican el caso con una posible donación de una entidad privada a una ONG, si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a una ONG y ésta los emplea en dar alimento y cobijo a los niños (es decir, invertir el beneficio en la actividad para la que se constituyó), no se puede acusar a la ONG de delito fiscal.

Pese a ello, el juez Ruz continuará su cruzada contra el PP, basándose en la denuncia de Luis Bárcenas y exigirá al Partido Popular la responsabilidad penal ante el presunto delito fiscal.

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