El PP ha aprobado de forma definitiva la conocida como "ley mordaza" en el Congreso, con el rechazo de toda la oposición y de distintas organizaciones europeas. La ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 1 de abril de este mismo año.

Este conjunto de nuevas normas ha generado el rechazo unánime de todos los partidos, que la han criticado duramente. En la Cámara Baja el PSOE acusaba al Gobierno de "enterrar el Código Penal de la democracia". El ministro de justicia, Rafael Catalá, defiende que la reforma es "un instrumento para defender las libertades".

Activistas de Greenpeace se manifestaban a las puertas del Congreso para protestar contra lo que consideran "un recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española". Las restricciones a las que aludía Miguel Ángel Soto, el portavoz de la organización, son los recortes a la libertad de expresión y las restricciones a la actividad informativa, dirigidos ambos puntos a limitar la publicación de ciertas imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado y la difusión de protestas a través de las redes sociales.

Otro aspecto polémico es la legalización de las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes ilegales, surgida a raíz de los asaltos a las vallas fronterizas con Marruecos.

El Consejo de Europa ha puesto en duda esta nueva ley, que el PP ha conseguido aprobar gracias a su mayoría absoluta. La ONU advierte que esta medida contraviene al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la consideran "desproporcionada".

La reforma del Código Penal incluye también la prisión permanente revisable.

La Izquierda Plural denuncia un "retroceso sin precedentes" y cree que los populares han aprobado "la cadena perpetua con recochineo". Sin embargo, esta es una de las reformas aprobadas hoy que respaldan la mayoría de ciudadanos españoles. Las asociaciones de víctimas del terrorismo se mostraban satisfechas durante el Pleno del Congreso.

Respecto a la ley antiyihadista, España se une a la propuesta de la UE, y comenzará a regular el registro de pasajeros en los aviones, como medio de prevención contra la entrada o salida de terroristas. Tras los recientes atentados de París y Túnez, muchos españoles han respaldado todo lo que vaya dirigido a la protección y seguridad ante esta nueva amenaza.

Al finalizar el debate, todos los grupos manifestaban su oposición a la ley mordaza y la intención de derogarla durante la siguiente legislatura.

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