Pablo Iglesias, el político líder de las encuestas, ya tiene su propia querella. A su número tres, Juan Carlos Monedero, se le interpuso una hace dos días. Otra vez el denunciante ha sido el sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, pero en este caso, al ser Iglesias euro parlamentario y estar aforado, se presenta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Señalan cómo se han visto obligados a hacerlo tras comprobar la pasividad de las instituciones ante unos hechos que son de notoriedad pública.

Acusan al secretario general de Podemos, entre otras muchas cosas, de cobrar semanalmente 3000 € en dinero negro del canal iraní Hispan TV por presentar sus programas.

Se le imputan un total de diez delitos:

Delito contra los derechos de los trabajadores, por "imponer a sus trabajadores condiciones laborales y de seguridad social que restringen sus derechos". Con sueldos por debajo del salario mínimo y sin dar de alta en la Seguridad Social.

Desobediencia, al no cumplir el embargo acometido por la Unión Europea en la emisión de programas de Irán en el territorio comunitario.

Organización criminal, dada la estructura organizativa de la Asociación cultural producciones CMI, utilizada presuntamente para acometer diversos actos ilícitos.

Asociación ilícita, consideran que "el fin último de la asociación es cometer actos ilícitos para con la Administración Pública".

Apropiación indebida "por parte de D. Pablo Iglesias de cantidades económicas y bienes propiedad de la asociación cultural Con Mano Izquierda"

Delito societario de administración desleal, "dispone fraudulentamente de los bienes de la asociación" obteniendo beneficios al margen de la legalidad.

Tráfico de influencias, "pues hace uso de su condición de funcionario público para influir en otras personalidades".

Cohecho, por actuar en contra de sus deberes como diputado del Parlamento Europeo y recibir comisiones ilegales en dinero "B".

Corrupción entre particulares por su "intermediación para obtener financiación con sospechoso origen ilícito".

Delito contra la Hacienda Pública por los mismos hechos.

Para apoyar la querella, el sindicato aporta 104 páginas de documentación. Por suerte para él, Iglesias es licenciado en derecho y tendrá ocasión de demostrar su inocencia.

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