Ante la pregunta del juez Fernando Andreu a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia, con respecto al uso de las tarjetas de crédito o 'tarjetas black', éstos respondieron ofreciendo una serie variopinta de versiones diferentes. Algunos de los imputados (en total son 79) declararon que el dinero gastado fue para representación, es decir, gastos permitidos y relacionados con su cargo, en viajes de negocios, comidas, regalos, y ropa.

Otros tantos declaran que el dinero gastado formaba parte de su retribución, o bien que se les había permitido utilizar estas tarjetas para gastos personales tras la llegada en 1996 de Miguel Blesa a Caja Madrid, cuando se cambiaron los criterios de uso de dichas tarjetas.

Alejandro Luzón, el fiscal anticorrupción que lleva el caso, interrogó en modo diferente a unos y a otros, dejando ''pasar por alto'', por ahora, a aquellos que justificaron, o al menos lo intentaron, los gastos realizados como representación del cargo. Sin embargo, para los que sacaron dinero en efectivo, o aún sin hacerlo defienden que era parte de su retribución, aunque no lo declarasen al IRPF, el fiscal pide una fianza de responsabilidad civil por valor de todo lo que gastaron.

Se ha hecho pública la lista con los nombres y los gastos de cada uno de los imputados, y entre dichos gastos encontramos algunos tales como: gasolineras, supermercados, aparcamientos, restaurantes, cafeterías, hoteles y balnearios, electrónica, juguetes y artículos deportivos, hospitales, electrodomésticos, cines y eventos deportivos como abono a los toros, joyerías, textiles, zapaterías, y un largo etcétera.

Por ejemplo, el mayor importe gastado fue a manos de Ildefonso José Sánchez Barcoj en la agencia de viajes de el Corte Inglés, por un valor de 16.921,76 euros. Este alto ejecutivo, el mayor usuario demostrado de estas tarjetas, declaró que el medio millón de euros que recibió fue para ''ayudarle a soportar los gastos que suponía su actividad de alto ejecutivo''.

Queda por determinar si se trataba de gastos de retribución o representación para que el juez Andreu dictamine si los imputados cometieron delitos de administración desleal o bien de apropiación indebida.

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