El grupo de expertos que designó el Gobierno para que se realizara una revisión del borrador para el "II Plan de Derechos Humanos", ha concluido que es necesaria una verdadera regeneración democrática.

Parece que al Gobierno "le ha salido el tiro por la culata", pues este "Comité de Expertos", reconoce que es necesario reformar la Constitución, y hacer de la democracia, un hecho y no solo un "paripé" como viene siendo: un circo con dos espectáculos, en el que los ciudadanos votan cada cuatro años.

En España, es tremendamente difícil el que un proyecto popular llegue al Congreso, iniciativas como las recogidas de firmas y otros métodos legislativos caen en saco roto.

Los ciudadanos, encuentran innumerables trabas burocráticas que, aunque consigan superarse con esfuerzo, conducen directamente hacia un "muro de hormigón" que desestima, sin más, su petición. No hablemos ya de los referéndums, esos grandes desconocidos.

El "Comité Técnico" asegura, que la democracia española debe convertirse en un sistema en el que "los ciudadanos dejen de ser gobernados, para convertirse en gobernantes". Destacan la importancia de conseguir implicar a la población en política, para lo que es necesario facilitar el acceso de las empresas populares, mediante referéndums y otros medios consultivos. No es ningún secreto, que el Partido Popular gobierna a golpe de mayoría absoluta, lo que le otorga un poder ilimitado pese a que su gobierno, al haber incumplido completamente su programa y al encontrarse azotado por escandalosos casos de corrupción, carece de toda la legitimidad que los votos pueden otorgar.

El Comité ha concluido que para hacer de la nuestra, una "democracia verdadera" es necesario reformar el sistema electoral, de forma que se garantice la igualdad, para que no exista el término "tirar el voto". También destacan la importancia de las listas abiertas y de la reforma de las Leyes para conseguir, de esta forma, un sistema más participativo y equitativo.

Con este mismo fin, proponen que se modifique la Constitución para que los jóvenes de 16 años así como los inmigrantes que residan en nuestro país, puedan ejercer el derecho al voto, algo que ya se propuso en Europa hace unos años.

En la cuestión de la "financiación de los partidos", el "Equipo Técnico" ha declarado que la Ley de Transparencia, que el gobierno aprobó el pasado año no es, en absoluto, suficiente.

Por ejemplo, los grandes partidos mantienen el derecho al anonimato de sus donantes, y esto, según el Comité, limita en gran medida la información de la que disponen los ciudadanos.

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