La jueza María Teresa García, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Córdoba, es la primera magistrada de España en abrir diligencias para investigar las apropiaciones de bienes inmuebles por parte de la Iglesia católica en los últimos años. Es el resultado de la denuncia que interpuso Carlos Baquerín, concejal por UCOR (Unión Cordobesa) en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado mes de octubre, tras saberse que el Cabildo Catedralicio inscribió a su nombre, en el Registro de la Propiedad, el monumento del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, que figuraba en el inventario de bienes propios del Ayuntamiento, además de la plaza del mismo nombre, la plaza del Pocito de la Fuensanta y la ermita del Socorrro, también catalogados como espacios públicos.

Figura igualmente en la denuncia la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, con fecha del 2 de marzo de 2006, con un coste de 30 euros. La Iglesia argumentó entonces que "era propiedad suya desde tiempo inmemorial".

Investigación por posibles delitos

Dicha denuncia advierte de la posibilidad de que las citadas inmatriculaciones pudieran ser constitutivas de diversos delitos, entre los que cita los de "estafa, apropiación indebida, usurpación, falsedad documental, prevaricación y dejación de funciones". El concejal ha sido citado por la jueza para declarar la semana próxima y ratificar su denuncia, exponiendo los argumentos en los que se basa la misma.

Baquerín ha asegurado que aportará todos los documentos y las pruebas que existen al respecto.

El "boom inmobilario" de la Iglesia católica

Este "boom inmobiliario" de la Iglesia, que viene generando una amplia polémica en los últimos años, se deriva de los privilegios que le otorga la Ley Hipotecaria de 1946, en concreto el artículo 206, que le permite poner a su nombre cualquier edificio, almacén, garaje, huerto o cementerio, sin tener que demostrar que es la propietaria.

Bastaba con que un obispo, que actuaba en la práctica como funcionario público, se acercase al Registro de la Propiedad. El gobierno de Aznar amplió aún más esos privilegios en 1998, incluyendo los templos de culto en esa práctica, que hasta entonces habían quedado a salvo. La Iglesia se puso las pilas y se produjeron entonces miles de matriculaciones de iglesias, ermitas, catedrales y mezquitas.

Muchos expertos jurídicos lo consideran inconstitucional, pero hasta el momento nadie lo había llevado a los tribunales.

Reforma de la Ley Hipotecaria franquista

En el mes de abril del pasado 2014 se presentó un anteproyecto de ley para reformar la obsoleta Ley Hipotecaria franquista, y terminar con esos privilegios. Pero eso sí, dicho proyecto da un plazo de un año desde su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) para su entrada en vigor. Dicha reforma fue aprobada el 23 de junio de 2014, por lo que será efectiva su aplicación a partir del 23 de junio de 2015. De este modo, la Iglesia deberá seguir a partir de entonces el mismo procedimiento que el resto de los ciudadanos para realizar una inmatriculación.

Así que visto lo cual, nos tememos que durante estos meses que restan se apresuren a registrar los bienes que se les hayan podido quedar atrás... "Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho".

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