Tras la aprobación del real decreto del 3+2 por el ministro de Educación José Ignacio Wert el pasado 30 de enero, se han producido multitud de reacciones del sindicato de estudiantes y unas duras declaraciones del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, al ministro de Educación que lo ha descrito como "El ministro es un trilero, un cobarde que ha sacado adelante este decreto por la puerta de atrás" y "sin debate alguno".

En este decreto se plantea la devaluación de los grados universitarios de 4 a 3 años. Según el borrador del decreto, no será suficiente tiempo para adquirir la cualificación necesaria para el ejercicio laboral, con lo cual, para obtener la experiencia necesaria se necesitaría un máster universitario que se transformaría en 2 años, el que actualmente se cursa como 1 año, con el sucesivo aumento de precio y la imposibilidad para muchos universitarios de acceder a él ya que los estudios universitarios llegarían a costes inaccesibles para la mayoría de la población.

La entrada en vigor de este decreto se efectuará en septiembre, pero éste no solo afecta a los estudiantes que cursen un nuevo grado, si no a los estudiantes que actualmente están cursando estudios universitarios, es decir, que el decreto afecta a los estudiantes que actualmente se han matriculado en un grado de 4 años y que en función de meses verán reducido su grado universitario en 1 año por arte de magia, lo que supondrá un desajuste educativo.

Además de afectar a los universitarios supondrá un impacto para los profesores, ya que para obtener la cualificación recomendada es necesario el acceso al máster, lo que supone la conversión de estos profesionales de la enseñanza ya que no todos los profesores de grado pueden impartir másteres, con lo cual habrá muchos despidos.

Tras este decreto el sindicato de estudiantes ha convocado una huelga de 48 horas. Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes ha proclamado a esta nueva reforma como "contrarreforma"."No vamos a permitir que este gobierno moribundo siga destruyendo la universidad pública ni que la devuelva a los años 50".

Así mismo, en diversas redes sociales existen propuestas de recogida de firmas contra este decreto que supone un ataque contra todos los estudiantes universitarios.

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