La reforma del Código Penal que prepara el Ministro Rafael Catalá y que será aprobado por el Partido Popular en solitario por la vía de urgencia, sin atender ninguna de las enmiendas plateadas, promete convertirse en un nuevo escándalo social.

En el nuevo texto elaborado por el Ejecutivo se contemplan distintas fórmulas para librar de toda responsabilidad a partidos políticos, empresas y sindicatos en el caso de demostrarse su participación en delitos relacionados con la corrupción. Tal y como propone el Ministro de Justicia de Mariano Rajoy, cualquiera de estos estamentos, si pone en marcha planes de control con anterioridad a la comisión de un delito de corrupción, quedarán exonerados de toda responsabilidad jurídica.

Hasta ahora, tras la modificación en 2010 del Código Penal por parte del gobierno socialista en la que por primera vez las empresas, más allá de sus trabajadores, asumían responsabilidad judicial, los partidos políticos, así como los sindicatos y las mismas empresas podían alegar la puesta en marcha de mecanismos de control para lograr atenuar las penas impuestas por la justicia.

Ahora pues, de la mano de Catalá, este atenuante que suponía demostrar haber puesto todas las trabas posibles para que los corruptos pudieran hacer de su capa en sayo en los partidos políticos, pasa a ser un eximente, liberando de toda responsabilidad a estos.

Un cambio en la legislación que sería el paso lógico a la redacción del 'Código de Buenas Prácticas' redactado por Ana Mato antes de demostrarse su relación con la trama Gürtel y al que se han acogido todos los miembros del Partido Popular.

Pese a todo, algunos jueces consultados consideran que en muchos juicios este código no podría ser asumido como un mecanismo previo de control a un delito de corrupción, teniendo que introducirse de facto la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento de todos los mecanismos de prevención "por un órgano con poderes autónomos".

Los Partidos deberán crear un departamento de Compliance

La reforma del Código Penal obligará pues a partidos políticos, sindicatos y empresas a la creación de departamentos que en el mundo anglosajón se denominan Compliance, y que son los encargados de vigilar que la compañía no vulnera la legislación en el desarrollo de su actividad.

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