Las noticias negativas acarreadas por las actuaciones de los partidos políticos no dejan de sorprendernos. Hace poco conocíamos una "queja" derivada de Europa en la cual se mostraba el poco trabajo de los partidos mayoritarios en la Eurocámara. La lista de delitos es interminable y cada vez parece más claro que no tiene fondo, y se llegó a considerar ahora mismo incluso un arma de doble filo tu voto. De esta manera, el fiscal jefe del tribunal de Cuentas ha puesto una piedra más en el esperpéntico paisaje político.

Todos los grandes partidos políticos, pasando desde las innumerables hazañas del PP y PSOE pasando por Convergència Demòcratica de Cataluña, el PNV, Eusko Alkartasuna y un inumerable etcétera han cometido algún tipo de delito tributario o de "falsedades" en las cuentas relativas al año 2012.

Algunas de estas acciones incluso constituyendo graves delitos legales en las que mencionar brevemente: extraños préstamos, donaciones ilegales, cuentas sesgadas donde no se compilan los ingresos y gastos reales entro otros; todo ello sin contar las actividades sancionables de carácter administrativo.

Este informe, perteneciente al 2012 es el último perteneciente a los partidos políticos, encargándose fundamentalmente de intentar representar si el dinero empleado por los partidos políticos y las administraciones públicas está usado con un carácter legal. Según fuentes del propio tribunal, nunca se ha mostrado un escrito tan duro ni contundente contra ningún tipo de organización, además de que nunca se había mostrado un escrito con tal tipo de ilegalidades realizadas por los partidos políticos y todo ello en desconocimiento todavía de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2013 y 2014.

El Fiscalía Tribunal de Cuentas depende de la Fiscalía General del Estado y aunque su actividad se basa fundamentalmente en "informar" de una manera contundente de las actividades llevadas a cabo por las administraciones públicas o partidos políticos, teniendo la capacidad de, en el caso de observar acciones ilegales, informar a la justica enviando sus dictámenes de cara al proceso judicial posterior.

De esta manera a la vista de lo sucedido en 2012, no se descartan nuevas acciones legales contra determinados partidos políticos por parte de dicho tribunal.

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