Cristina de Borbón, a través de sus abogados defensores, ha hecho entrega de la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción le impuso en pago por le 50% de la cantidad defraudada por Aizoon, la empresa en la cuál participaba a medias con su marido, el también acusado Iñaki Urdangarín. La cantidad asciende a los 587.413 euros, que la duquesa de Palma ha pagado por beneficiarse directamente, al ser destinado ese dinero a pagar suministros y servicios familiares y personales, según dictaminó el fiscal Pedro Horrach, titular de la Fiscalía.

El artículo 122 del Código Penal en el que se ha amparado el fiscal determina que el que se lucre por participar de los efectos de un delito o falta, será obligado a restituir el artículo de lucro o "al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".

Aparte de esa cantidad, Urdangarín defraudó otros 337.142 euros en los ejercicios de IRPF de los años 2007 y 2008. La Abogacía del Estado le reclama también 168.571 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, que es justamente la mitad de lo, presuntamente, defraudado por su marido con la empresa de ambos.

Esta cantidad deberá ser abonada por Cristina si Iñaki Urdangarín resultara condenado en el juicio que tiene pendiente por el caso Nóos.

Sin embargo, Horrach le ha pedido al juez José Castro, que instruye el caso Urdangarín, que no lleve a juicio a la hermana del rey por considerar que no existen indicios para poderla acusar. A pesar de que opina que ha obtenido un beneficio ilegal del dinero defraudado a través de su empresa "pantalla", mantiene que no hay indicios suficientes que determinen que haya cometido algún delito.

El abogado de la defensa, Miquel Roca, ha solicitado al juez que sean sobreseídas las imputaciones sobre Cristina en el caso Nóos ya que Anticorrupción lo ha pedido explícitamente y no haber acusación por parte de la Abogacía del Estado ni tampoco acusación particular. Para su marido existe una denuncia por la que la acusación popular solicita la pena de casi 20 años de cárcel y el pago de 3,5 millones de euros por varios delitos de fraude fiscal, blanqueo de capital y corrupción.

Antes de Navidad es posible que el juez Castro haya decidido quiénes serán los que se sienten en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez en la historia de la monarquía española que uno de sus componentes tenga que hacerlo, si así lo considerara oportuno el juez.

Una de las preguntas que se hacen los españoles, especialmente los que no son partidarios de mantener la monarquía en España, es la procedencia del dinero que ha utilizado la duquesa de Palma para abonar esa sanción impuesta por Anticorrupción.

Porque, según han declarado en varias ocasiones, Iñaki está sin trabajo, y ella presta sus servicios en la Fundación Caixa como directora del Área Internacional, con un sueldo anual de 320.000 euros, deben aún la hipoteca del palacete de Pedralbes, en Barcelona, y están pagando su exclusiva casa en el barrio de Florissant, con un coste que podría situarse en torno a los 10.000 euros mensuales. Entonces, es razonable que surjan dudas sobre el origen de ese dinero que ha tardado tan poco tiempo en recaudar para hacer efectiva la sanción impuesta.

¿Lo habrá pagado el pueblo español directamente de sus impuestos? Se admiten apuestas.

¡No te pierdas nuestra pagina de Facebook!!
Haz clic para leer más