El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quiere acortar los procesos judiciales. La intención del anteproyecto ya ha aprobado y cuyo proyecto definitivo será presentado a principios de febrero ante la Cortes, para tenerlo definitivamente aprobado dentro del primer trimestre del 2015, es limitar los juicios más sencillos a seis meses, ampliándolo a 18 meses los casos más complejos, que podrían ser prorrogados otros 18, alcanzando el máximo permitido que serían tres años en el caso de que el juez instructor y el fiscal así lo requirieran.

Con esto se intenta conseguir un lavado de cara de la justicia española, agilizándola para erradicar la "sensación de impunidad" y evitar sospechas "prolongadas e indefinidas en el tiempo", y conseguir así que se pueda llegar a una sentencia tras un tiempo razonable para tramitar e investigar lo que sea necesario, según ha comentado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa. Por su parte, el ministro Rafael Catalá ha declarado que fijar un plazo para alcanzar una sentencia es "razonable y proporcionado", y ha recordado que se han creado recientemente 282 plazas de jueces por el Gobierno, y que se crearán otras 100 más durante el próximo año.

Un dato importante aportado por el ministro ha sido el modo en que afectará esta reforma en los conocidos como "macroprocesos", como los casos Gürtel, Bárcenas, Pujol o Noos, que suelen prolongarse demasiado, pudiendo llegar a prescribir los delitos.

Estos procesos judiciales se desmembraran de forma que se instruirá una causa por cada uno de los delitos que se les impute a los acusados, consiguiendo un "acortamiento de los plazos" y, como consecuencia, unas sentencias "en plazos mucho más cortos". Asimismo se procederá a llenar el vacío legal sobre las escuchas telefónicas, que serán ampliadas a todos los medios de comunicaciones actuales, incluidos los sms, los e-mails y las redes sociales y mensajería vía internet, ya que la ley actual está obsoleta y no los contempla.

Y todo ello sin la necesidad de que lo ordene un juez. Posteriormente tendrá que ser ratificado o cancelado por un magistrado.

Otra novedad será considerar de carácter administrativo todos los atestados policiales con autor desconocido, no abriéndose diligencias en los juzgados, dejando más tiempo a jueces y fiscales para el resto de procesos judiciales, ya que este tipo de causas suelen tener pocos resultados.

Los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y los pequeños hurtos tendrán un procedimiento nuevo con tramitación simplificada.

Se va a modificar también el tratamiento de las apelaciones sobre las sentencias dictadas por las Audiencias Nacionales Provinciales, que serán revisadas por los Tribunales Superiores de Justicia, mientras que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se encargará de las que dicten dichos Tribunales, y no el Tribunal Supremo como se viene haciendo actualmente.

Una de las modificaciones que darán que hablar será la regulación de un proceso de decomiso autónomo que privará de titularidad todos aquellos bienes sean procedentes de un delito, inclusive los que no acaben con el procesamiento del autor, creando una oficina de recuperación y gestión de activos.

Si esto llega a aplicarse en los casos que están ahora abiertos, las arcas del Estado podrían recuperarse en parte y reducir el déficit público. Pero eso es algo que suena demasiado utópico.

¡No te pierdas nuestra pagina de Facebook!!