A pesar de que la Fiscalía General de Estado y Anticorrupción ha descartado un posible acuerdo con los implicados en el caso Nóos, ha dado total autonomía e independencia para que el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, ofrezca un juicio de conformidad en los próximos días en el que tendrá que realizar una acusación definitiva; por ello, las dos partes se han reunido para retomar conversaciones y llegar a un pacto que reduzca la pena de Iñaki Urdangarín.

Este acuerdo consiste en que deberá aceptar una condena de seis años de prisión y admitir los delitos cometidos por el que se le acusa: fraude y delito fiscal, falsedad y malversación de fondos, además tendrá que devolver los seis millones de euros obtenidos de forma irregular que fueron entregados por parte de los gobiernos de Valencia y Baleares, dinero público que fue a parar a las cuentas del Instituto Nóos que por entonces presidía.

En caso de su negativa, el juez realizará una acusación definitiva con una pena que ronda los veinte años de cárcel, una decisión final que será pública en menos de una semana si este pacto no llegara a buen término.

Estos acuerdos pre-acusación no son una novedad en el caso Nóos, en abril del año 2012 los abogados de Urdangarín y la fiscalía abrieron una agenda de reuniones que nunca llegaron a un objetivo común, en el año 2013 también se organizaron estos encuentros con el mismo propósito pero debido al impacto que generó en los medios de comunicación se dejaron de llevar a cabo sin dar ningún resultado; el ex-jugador de baloncesto no está dispuesto a entrar en la cárcel ni tan siquiera para cumplir penas mínimas, prefiere pagar las abultadas fianzas y devolver el dinero público que le exige la Fiscalía para evitar su ingreso a prisión; además tampoco acepta los delitos por los que se le acusa como se le aconsejó en aquel entonces, y tan sólo admite su responsabilidad "a título lucrativo" como ex-presidente del Instituto Nóos.

Sólo se espera la decisión final del Fiscal Anticorrupción, que ya acreditado judicialmente que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres se beneficiaron con fondos públicos a través del Instituto Nóos, un institución sin ánimo de lucro creada para fines sociales y culturales, y que emplearon cuentas y facturas falsas para agrandar su patrimonio económico en paraísos fiscales.

A su vez, el juez Horrach ha exonerado de responsabilidad penal a Cristina de Borbón al aceptar el pago de medio millón de euros que será avalado por diversas entidades financieras y a título personal.

Por su parte Diego Torres tampoco ha aceptado ningún pacto hasta que su mujer Ana Tejeiro, quien también pertenecía a la directiva del Instituto Nóos, quede apartada del caso y reciba las mismas consideraciones que Cristina de Borbón ha obtenido por parte de la Fiscalía; Torres asegura que todavía tiene documentos que comprometedores que puede dar un vuelco a esta investigación.

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