La consejería de educación se plantea un nuevo decreto que consiste en una prueba de aptitud para los docentes murcianos que tendrán que superar cada 10 años.

Con esta prueba se pretende evaluar las capacidades educativas de todos los docentes murcianos, ya sean funcionarios o interinos, mediante una prueba de aptitud cada diez años. Para los funcionarios de carrera con plaza, en el caso de no superar esta prueba, se tendría que efectuar un curso de reciclaje para recuperar conocimientos perdidos, sin suponer en ningún caso la pérdida de su derecho a la enseñanza pública, es decir, su plaza.

Las consecuencias de no superar la prueba para un interino son mucho peores, ya que al no superarla, y en los casos más extremos, podrían ser expulsados de las listas de interinos, es decir "ser imposibilitados para su ejercicio profesional en el futuro".

Actualmente no se conoce cuales serán estos casos extremos para la Consejería de Educación, aunque se ha adelantado que los docentes interinos contarán con la supervisión durante el proceso tanto por parte de la dirección del centro, como de un "tutor", un docente del centro que supervisará sus capacidades, algo similar a lo que ocurre durante el primer año de trabajo de un funcionario en prácticas que acaba de obtener plaza en las oposiciones docentes.

En el momento en que entrase en vigor este decreto, interino y tutor compartirán la responsabilidad en la programación de las enseñanzas de los alumnos, ya que según la Consejería de Educación "se pretende no dejar sola a su criterio a una persona sin experiencia en estas labores. Este aspecto es muy importante desde el punto de vista de la metodología y puede contribuir a la mejora del sistema educativo"

Esta novedad fue incluida en el decreto de evaluación redactado por la consejería de educación que fue entregado a los directores de los centros educativos.

Actualmente no se conoce en qué consistirán las pruebas pero sí que serán realizadas por los servicios de inspección de la Consejería de Educación pero de acuerdo a los criterios de los servicios de Evaluación y Calidad educativa y de Recursos Humanos. 

No queda aquí el contenido del decreto, ya que, al parecer, los centros de enseñanza serán evaluados a conciencia, tanto profesores y maestros, como los alumnos y organización del centro, de forma interna por la comunidad escolar y externa por la inspección.

Los sindicatos de educación ya se han pronunciado en contra de esta medida, a la que califican como un ataque a la dignidad del colectivo docente, especialmente al colectivo interino que no ha cesado de recibir golpes desde los inicios de los recortes en educación y al que ahora se amenaza con la posibilidad de expulsión. 

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