El Partido Popular pretende ratificar la Ley de Seguridad ciudadana, mejor conocida como "Ley Mordaza", antes de final de año, con la intención de aplicarla a la mayor brevedad posible. Según la encuesta efectuada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org (una comunidad activista mundial que acerca la voz de la gente a la toma de decisiones políticas mediante movilizaciones) mas del 80% de los ciudadanos rechaza rotundamente esta Ley.

Según las estadísticas obtenidas, se deduce que un 42% de los encuestados quiere que se modifique el texto de la Ley. El 40% contesto que la eliminaran sin dilación, en vez de debatir su aprobación. Tan sólo un pequeño porcentaje de ciudadanos, 7%, manifestó que debía aprobarse como esta redactada. Incluso los simpatizantes de Rajoy, casi un 50% de los sondeados, declaró que debía cambiarse la ley antes de que se apruebe y se imponga.

Ademas, todos españoles encuestados coincidieron en que una ley de esta envergadura debería ser aprobada por todos los partidos de forma unánime, cosa que no ocurre. De hecho, todos los partidos situados en la oposición hicieron, este pasado mes de noviembre, un frente común para evitar que se gestionara  la norma de forma inmediata y así tener un poco más de tiempo para debatirla.

La aprobación de esta ley supone que todo aquel que se niegue a enseñar su D.N.I a un agente de seguridad o grave vídeos que muestren imágenes de policías antidisturbios reduciendo o golpeando a un manifestante se le considerará una amenaza, según decreta la nueva norma, para la seguridad de la ciudadanía y sera detenido ademas se le impondrá una multa.

Las sanciones por estas actuaciones son desmesuradas ya que oscilaran alrededor de unos 30.000 euros.  

Todos los encuestados consideran que estas normas y multas son únicamente para restringir los derechos de los ciudadanos a expresar su opinión, y su única finalidad es impedir las concentraciones o "mareas" de los españoles para protestar ya que esto supone un deterioro de la imagen del presidente del Gobierno.

Algunas ONG  como Amnistía Internacional o  GreenPace denuncian que el gobierno sólo pretende acabar con las "mareas" y el derecho a expresarse de los ciudadanos.

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