Mucho se ha hablado últimamente de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno hace unos días. La conocida como "Ley Mordaza" supone un cambio profundo en la regulación de las normas de conducta. Sus partidarios y detractores hacen crítica o alabanza de los nuevos cambios, y si bien en algunos puntos la reforma es positiva en otros las voces críticas lo ven como un retroceso en muchos derechos ciudadanos.

Algunos de los puntos más polémicos vienen por ele ejercicio a manifestarse. Formas de manifestación como las que hasta ahora realizaban movimientos como el 15-M (ocupación de la vía pública), Greenpeace (escalamiento de edificios) o Rodea El Congreso tendrán unas sanciones muy importantes.

Lugares como el Congreso, determinados espacios públicos o infraestructuras importantes (centrales nucleares, por ejemplo) son catalogadas como edificios de importancia estratégica.

Otro de los aspectos más polémicos es lo referente a la prostitución y la tenencia ilícita de cannabis para consumo propio, criminalizándolos con multas muy elevadas. Ambas modificaciones pasan de ser meras faltas administrativas a sanciones graves, mientras que se incorporan otro tipo de faltas leves como el insulto a un policía o la ocupación de un inmueble abandonado. A su vez, se da mayor valor a la palabra de un policía contra la de un ciudadano.

Todo ello provoca un gran cambio en el ordenamiento de faltas en España.

Se legisla según las vicisitudes del momento y no pensando en mejorar dicha Ley a medio y largo plazo, ya que si en algún momento de la legislatura hay algo que no gusta siempre se puede recurrir a un decreto ley y abogar por que hay que cumplir la ley, pero ¿quién hace la ley? ¿en base a cual criterio?

Ahora queda en manos de los jueces interpretar e intentar suavizar dicha ley.

Y ha sido hasta el propio Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, el que ha sugerido que algunos puntos de dicha ley vulneran la ley europea, junto con otros actores como Jueces por la Democracia o el Consejo General de la Abogacía Española.

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