En el famoso Portal de la Transparencia no figuran muchos datos que los españoles tienen derecho a saber, la opacidad y la ocultación son las señas de identidad del Congreso de los Diputados, pese a que en estos últimos años la presión que ejercen los ciudadanos, ha conseguido rascar algo de información relacionada con las declaraciones de renta de hacienda de los políticos y datos sobre los destinos a los que se desplazan por motivos laborales u otros motivos y hasta aquí ya que todo es un misterio como bien podría decir Iker Jiménez, en el Parlamento español impera la ley del silencio.

No hay claridad ni transparencia en asuntos con los presupuestos generales del estado, destino de viajes a nivel estatal, información sobre dietas y gasto en bebidas, los gastos de las facturas en telefonía móvil, conferencias, gastos de transportes o alquileres y residencias, la formación que reciben los políticos y lo que cobran los asesores con los que cuentan las señorías, según la poca información que hay disponible el Congreso de los Diputados contará con un presupuesto de 84 millones de euros para el próximo año (en el año 2014 se gastó un 0,33 % menos) también se congelan las cotizaciones y algunos de los sueldos, los salarios base de la clase noble política nos costarán 14 millones de euros de nuestro bolsillo pero hay más, hay que sumar 7 millones de suplementos, 8 millones en desplazamientos con medios de transporte como el de tren y el de avión, entre 500 mil y 600 mil euros en gasolina por los políticos que van al Congreso a trabajar; 850 mil por desplazamientos en taxi, entre 310 mil y 400 mil euros en concepto de alimentación, 9,3 millones de euros de subvenciones para los partidos políticos y más de 55 mil euros en formación para aprender idiomas, esto último a la ciudadanía no le importa pagarlo pero los señoritos no destacan por ser buenos estudiantes.

Otros gastos de interés son casi 8 millones de euros en el personal que ayuda a los políticos de la mesa, aparte las dietas del personal y casi 100 mil euros en seguridad privada para la protección personal de los diputados y todo esto es para los políticos que están en activo propongan o no propuestas, los que están inactivos se llevan 9 millones de euros del contribuyente, si la intención de los políticos es mantener una conexión con el pueblo están siguiendo el mal camino.

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