La tormenta de corrupción ocasionada por políticos, banqueros y altos cargos del Estado, ha generado la indignación no sólo de todos los ciudadanos sino también de profesionales con cargos públicos que no sólo se limitan a dar su opinión en los medios de comunicación sino que empiezan a proponen medidas para contrarrestar este mal social. Cincuenta Jueces del Estado se reunieron el pasado miércoles en Valencia para concretar objetivos finales que ya venían augurando meses atrás, la consecuencia de esta reunión es el dossier titulado "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" que presentaron públicamente.

Al mismo tiempo que la ONG Transparencia Internacional presentó el informe de "Percepción de la Corrupción", donde España ocupa el puesto 37 de 175 países más corruptos del mundo; éstas 58 propuestas firmadas por jueces representantes del Estado, fueron presentadas al detalle de forma clara y concisa, sin dar oportunidad a segundas interpretaciones, con el fin de que llegue a todos los ciudadanos y poder demostrar que son medidas justas para la propia justicia española, cumpliendo un único objetivo: el de mejorar las líneas legales que se toman "para contrarrestar la corrupción política y económica que sufre la democracia actual y que se está viendo debilitada por este lastre social" que genera un descontento general.

"Los procesos se eternizan, son lentos hay posibilidad de que incluso prescriban pero quizás esa crítica se vuelve más dolorosa aún cuando los propios encargados de suministrar esos medios a la justicia no lo hacen", afirmaba José María Páez, Juez Decano de Málaga, durante la presentación de estas propuestas, refiriéndose a los procesos judiciales que se siguen actualmente en casos de corrupción y que dicha responsabilidad recae en el poder judicial.

Por lo que entre las propuestas más relevantes encontramos medidas contra el enriquecimiento injusto, agraviar las penas de delitos como el tráfico de influencias y prevaricación, introducir nuevo delitos, financiación ilegal de los partidos políticos, revisión del indulto, reducir los aforados, ampliar periodos de prescripción, suprimir el "privilegio" de declarar por escrito y despolitizar los nombramientos en el Tribunal Constitucional para desviar la centralización de poderes.

Los jueces también afirman que hay una "sospecha generalizada sobre la gestión del patrimonio público" lo cual tiene que dar un giro de 360 grados para que la población vuelva a confiar en la democracia y la justicia. Y para que eso ocurra dentro de las medidas presentadas incluyen medidas que hacen referencia a los pocos medios humanos y materiales con los que cuenta, solicitan incrementar el número de jueces, profesionales en económicas e informática y actualización de sistemas e infraestructura electrónica. Propuestas que realizan teniendo en cuenta además, que en países de la comunidad europea hay 21 jueces por cada 100 mil habitantes y en España la media no superan los 11.

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