La Audiencia Nacional, en su Sección Cuarta, cuyo tribunal está compuesto por la presidente y ponente, Ángela Murillo, Juan Francisco Martel y Carmen Paloma González, han determinado en su auto que el ex-secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, continúe en prisión en estas fiestas navideñas por ser parte importante implicada en una organización criminal cuyos componentes han obtenido medios económicos cuantiosos, y eso consideran que podría ayudarle a realizar una planificación de una posible huida. Por este motivo ha rechazado el recurso que su defensa interpuso, en la persona del abogado Enrique Molina, confirmando la decisión del juez Eloy Velasco, que el pasado 30 de octubre lo envió a prisión sin fianza por este mismo motivo.

Aparte de este condicionante, se ha tomado en consideración la posibilidad de que exista peligro de una destrucción de pruebas en su contra, por estar considerado uno de los principales cabecillas en el caso conocido como "Operación Púnica", si se le concediera una libertad condicional. Según dicho tribunal, "resulta muy probable" que Granados intentara la destrucción, ocultación o alteración de posibles pruebas que interfieran en el caso, dada la influencia que puede tener sobre otros de los imputados o testigos.

Su abogado recurrió la prisión incondicional que le impuso el fallo del juez Velasco por considerar que había superado el máximo de 72 horas de detención preventiva que preve la ley, y haciendo alusión a la falta de motivación del propio juez. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha contestado que los datos han de ocultarse "necesariamente" al tratarse de una causa de secreto sumarial, y todo lo relacionado con las operaciones que se están investigando en relación a las conexiones con paraísos fiscales y las vinculaciones entre todos los imputados. Si no se hiciera así, se podría poner en serio peligro la instrucción de la causa y su éxito final, por lo que se ha determinado que este auto no admite posibilidad alguna de que se interponga recurso en su contra.

En el caso del ex-alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, que está imputado en la misma trama que Granados, tendrá la posibilidad de abandonar la cárcel si paga una fianza de 25.000 euros impuesta por el juez Velasco, y el ex-alcalde de Serranillos del Monte, Antonio Sánchez, también ha visto reducida la cuantía de su fianza de los 60.000 euros que inicialmente se le impusieron hasta los 25.000 que al final ha determinado el juez.

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