La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso del gobierno canario que solicitaba la paralización inmediata de los sondeos petrolíferos en aguas canarias. Esto supone un nuevo fracaso del ejecutivo de Paulino Rivero, que se ha posicionado en contra de las prospecciones desde que se concedió a la empresa Repsol la correspondiente autorización para iniciarlas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. ç

El auto que se ha hecho público esta semana y que recoge el rechazo a la suspensión cautelar de dichos sondeos ha sido suscrito por cinco de los seis magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo, con el voto en contra del juez Luis Helmut Moya, que afirma que los valores medioambientales serán indudablemente puestos en peligro durante la ejecución de los citados sondeos por parte de la compañía Repsol.

Y considera igualmente que el aval aportado por la empresa, por un importe de 20 millones de euros, no cubriría los daños ocasionados por un derrame de crudo en las costas canarias, ya que el daño material ocasionado sería muchísimo mayor. Sin embargo, el resto de magistrados manifiesta que esos hipóteticos daños se podrían dar en un escenario de explotación petrolífera continuada, y no en unas prospecciones como las actuales, limitadas a 180 días.

El principal argumento esgrimido por el gobierno autonómico del archipiélago se basa en la Declaración de Impacto Mediambiental (DIA), de la que afirma que no se ajusta a derecho y es claramente insuficiente, y que una parte de la zona donde se desarrollan los sondeos está en trámites para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), con lo que pasaría a formar parte de la Red Natura 2000, el sistema europeo de protección de espacios medioambientales.

La respuesta del TSJC ha sido que en el momento actual no existen zonas protegidas declaradas en el área de las prospecciones y tampoco se ha identificado ningún hábitat de interés comunitario en el estudio del fondo marino, y además recuerda que la inclusión de una zona en la Red Natura 2000 no excluye su posible explotación económica en el futuro.

El presidente Paulino Rivero, ante este nuevo revés, ha manifestado que están estudiando emprender acciones legales por la vía penal contra algunos de los responsables políticos y funcionarios del gobierno de Mariano Rajoy. Afirma que el trato dado a Canarias es claramente arbitrario e injusto con respecto a otras zonas del Mediterráneo, como el caso de Baleares, donde se han descartado las prospecciones, por las mismas razones que ellos alegan para las islas.

Y asegura que la batalla judicial emprendida contra el gobierno central seguirá adelante.

Con respecto a la opinión de la sociedad canaria, y tras la suspensión de la consulta sobre el tema que estaba prevista para el 23 de noviembre, la encuesta encargada por el gobierno canario a las dos universidades canarias, la ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y la ULL (Universidad de La Laguna, Tenerife), dio como resultado que el 75% de la población isleña está en contra de las prospecciones, y a favor, por tanto, de continuar buscando los medios para suspenderlas definitivamente.

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