La publicación de los haberes de los altos cargos de la Administración, en donde más de trescientos de ellos ganan más que el presidente del Gobierno, trae cola. Por ello, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, se ha apresurado a afirmar que si gana las próximas elecciones reorganizará dichas retribuciones, para que no haya nadie que gane más que el Jefe del Ejecutivo.

Por ello ha sostenido que todos los funcionarios que cobran más que Mariano Rajoy deberían de bajarse el sueldo y ha criticado que, gente que por la calle no se le conoce y tiene menos responsabilidades que el presidente del Gobierno, tenga mayor paga que este.

Asimismo, ha calificado de insuficiente a la Ley de Transparencia y al Portal creado a tal efecto y ha asegurado que el Partido Popular no puede sacar pecho de esta normativa. El resto de los partidos también se ha quejado de esta diferencia de sueldos y ha pedido por ello una equiparación salarial.

En la acera opuesta, el titular del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha defendido el hecho al asegurar que ve justo que el responsable del Gobierno cobre menos que él, y ha alegado que el estipendio de los servidores públicos es bastante austero.

Carlos Floriano, el vicesecretario de organización del Partido Popular, apuesta por adaptar lo que perciben los altos cargos de la Administración a las responsabilidades que ejerzan, ya que según él, no tiene sentido que haya un 60% de funcionarios que embolsen emolumentos superiores a los del presidente del Gobierno.

También Toni Cantó, diputado de Unión, Progreso y Democracia, ha pedido que se realice una ordenación de todos los haberes y que de verdad sea transparente.

Por su parte, el portavoz adjunto de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, Pere Macias, ha apostado porque los salarios de ese grupo privilegiado de empleados públicos encajen con las responsabilidades que en realidad estos ejercen.

Se trata sin lugar a dudas de una redistribución irracional e ilógica y lo deseable sería que estas retribuciones fuesen debatidas en una futura reforma de la Administración.

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