Las intervenciones de las comunicaciones por parte de la Policía están restringidas, sin orden judicial, exclusivamente en casos en que se trate de terrorismo o bandas criminales. Pero el Gobierno tiene la intención de modificar esta restricción y ampliar el número de circunstancias bajo las cuales el Ministerio del Interior pueda realizar estas intervenciones, tanto telefónicas como de cualquier otro tipo, siendo habilitadas por el ministro del Interior o del secretario de Estado de Seguridad.

Los supuestos en los que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y aprobado en el Consejo de Ministros, son los casos de urgencia para los delitos de terrorismo, delitos contra menores, contra personas con una capacidad judicialmente modificada, y casos de especial gravedad en los que existan razones de peso bajo las que se consideren imprescindibles este tipo de intervenciones.

Posteriormente a la tramitación de la orden que autoriza las escuchas, debe ser comunicada al juez dentro de las siguientes veinticuatro horas, adjuntando los razonamientos que han hecho necesaria la medida de urgencia, qué acciones se han tomado y en qué forma, y por último, su resultado. El juez tendrá entonces que confirmar o revocar esa actuación, aportando los motivos que considere oportunos, en el plazo máximo de 72 horas desde que se ordenó la medida. El plazo improrrogable máximo que el Ministerio de Justicia ha determinado para que estas escuchas o intervenciones de las comunicaciones sean llevadas a cabo es de dos años.

Con esta modificación se pretende conseguir que se cubra un vacío legal en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que solamente incluye las intervenciones telefónicas, postales y de telegramas, ampliándolas ahora con las llamadas de móviles, SMS, mensajería por Internet, e-mails y redes sociales, así como autoriza la instalación de cámaras y micrófonos en domicilios o prisiones.

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Para poder colarse en este tipo de plataformas digitales se autorizará el control remoto a través de lo que se llama "troyanos buenos", que deben ser autorizados judicialmente.

Según el Gobierno, la ley actual data del siglo XIX y necesitaba ser reformada, aunque de momento se va a proceder por una reforma parcial, a pesar de que el borrador de un nuevo Código Procesal Penal estaría basado en un nuevo procedimiento donde los fiscales podrían asumir la instrucción para agilizar el proceso. Pero el ex-ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón lo eliminó de sus asuntos prioritarios, y ahora se han tomado algunos puntos de dicho borrador, por falta de tiempo, aunque el ministro Catalá declara que todavía debe ser pulido.

El "punto negro" que, a priori, tiene esta modificación de la ley, es que esos casos de "especial gravedad" no se ha especificado quién ni cómo los valorará y calificará como tales, dejando una puerta abierta a la duda y, obviamente, a la desconfianza, ya que esta imprecisión podría dejar al libre albedrío de personas no reconocidas que se interceptaran comunicaciones donde la "gravedad" no fuera tal.