El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto para la reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos, por el que Canarias percibiría el 4'2% del valor total del precio de venta del petróleo que pudiera hallarse, tras las prospecciones que está llevando a cabo en estos momentos la compañía Repsol. Según los primeros cálculos, esto supondría una compensación económica de entre 300 y 400 millones de euros para el archipiélago. De este modo, el Gobierno de Rajoy y, en especial, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a cuyo frente está el canario Jose Manuel Soria, defensor de las prospecciones y de técnicas de extracción no convencionales, como la polémica "fracking" o fractura hidráulica, intenta minimizar la oposición a los sondeos de una buena parte de la sociedad canaria.

La reforma pretende con este nuevo mecanismo que parte de los recursos obtenidos por las extracciones de gas o petróleo reviertan en los territorios afectados, si es en tierra, o en la comunidad autónoma más próxima, si es en el mar, el caso de la Islas Canarias.

Las reacciones no se han hecho esperar. La respuesta del Ejecutivo canario ha sido contundente: "Las islas no están en venta, ni siquiera en alquiler." El portavoz del gobierno isleño, Martín Marrero, ha calificado de auténticas "migajas" la cantidad que ingresarían las arcas regionales con esta nueva tasa, si se comparan con lo obtenido anualmente en el archipiélago a través del sector turístico: unos 300 millones de euros en un periodo estimado de 20 años, cuando solo este año Canarias obtendrá 13.000 millones de euros por el gasto turístico.

Marrero confirma además que seguirá la batalla judicial, avalados por el 75% de los canarios que están en contra de las prospecciones, según la encuesta realizada por las dos universidades canarias, ULPGC y ULL, a petición del gobierno canario tras la suspensión de la consulta prevista para el 23-N.

Pero no solo ha habido reacciones desde el archipiélago a la ya denominada "tasa fracking", que rondará en total el 8% sobre las extracciones de petróleo y gas, ya que también una parte de ella va directamente a las arcas estatales.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha manifestado que el nuevo impuesto afectará de forma directa a la rentabilidad de dichas extracciones, y tendrán que analizar si pueden sacar adelante su proyecto con estos nuevos condicionantes fiscales. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la compañía, ha afirmado que en unas semanas ya se conocerá si hay petróleo en aguas canarias, y entonces se valorará si puede ser comercializado.

Algunos medios han apuntado que a Soria "le ha salido rana" la iniciativa, ya que la nueva tasa podría acabar con la mayoría de los proyectos de hidrocarburos para nuestro país. Una buena noticia para muchos, y en especial para los que apuestan por la inversión en energías renovables.

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