Cristina de Borbón ha sido imputada y será juzgada, en juicio oral, por dos delitos de fraude fiscal, tal y como ha dictaminado el juez que instruye el caso, José Castro. Además de la hermana del rey, tendrán que enfrentarse al juicio su marido, Iñaki Urdangarín y 15 personas más que están vinculadas a la presunta trama de malversación de fondos públicos en la comunidad balear.


La pena que podría serle impuesta tras ser juzgada como "cooperadora necesaria" para poder realizar el fraude fiscal que se le imputa, perpetrado por Iñaki entre los años 2007 y 2008 a través de sus empresas "pantalla", Nóos y Aizon, alcanzarían los 4 años de prisión. Esta será la primera vez que un miembro de la Casa Real se siente en el banquillo de los acusados desde que su padre fuera investido como monarca de España, tras la muerte del dictador Francisco Franco.


Tras conocerse la noticia, todos los medios de comunicación nacionales están haciendo conjeturas y cábalas con la posible decisión que pudiera tomar su hermano, el rey Felipe VI, para que Cristina renuncie a los derechos que le vienen dados por su posición en la línea de sucesión al trono de España, que la sitúan como el sexto miembro de la familia real que podría ser coronada como monarca. Ésta es la primera dura prueba a la que se va a enfrentar el nuevo rey, que apenas lleva unos meses desde que su padre abdicara. Desde que apareciera su nombre unido al de Urdangarín como presunta co-autora de los delitos que se le imputaban, hace dos años, la Casa Real la tiene apartada de la agenda oficial.


El juicio en el que Cristina de Borbón deberá responder a las preguntas que le sean realizadas enn referencia a los delitos de fraude fiscal que se le imputan, se celebrará a finales del próximo año, en los juzgados de Palma de Mallorca. Su abogado principal, Miquel Roca y Junyent, ya ha anunciado que piensa recurrir la decisión del juez de llevarla a juicio. Según Roca, la esposa de Urdangarín se encuentra especialmente afectada con la noticia y "tan sorprendida como nosotros", y el fiscal Pedro Horrach opina que no se advierten, a su juicio, indicios suficientes de delito. El juez Castro desconoce cuáles serán los próximos movimientos de Horrach, pero ratifica que "todo lo que tenía que decir" en referencia al caso de Cristina ya lo ha hecho por escrito, y que se puede recurrir, pero "otra cosa es que se admita el recurso".


En este caso, la llamada doctrina Botín no se puede aplicar, ya que para ello debería haber una ausencia de denuncias sobre la imputada, tanto por parte de la representación del Estado, que es el fiscal, y la que teóricamente es la agravada. Pero esto no sucede, ya que el sindicato Manos Limpias mantiene su denuncia contra ella como acusación popular, dejando sin validez dicha doctrina. A pesar de que ella mantiene que desconocía los movimientos y actividades de su marido, el juez la consideró "partícipe a título lucrativo" en relación a los delitos de fraude contra la hacienda pública. Expertos analistas señalan que fue este asunto y su investigación paralela lo que aceleraron la abdicación de su padre, Juan Carlos de Borbón, para que fuera Felipe el que lo sucediera.
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