Con la aprobación, este viernes pasado, de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, por el Consejo de Ministros, tanto el Ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, como la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyo representante es Francisco Martínez Vázquez, están capacitados para permitir la colocación de escuchas telefónicas sin la autorización de un juez.

Ambos ejecutivos están autorizados a decretar la colocación de los escuchas, "en caso de urgencias", pero están obligados a comunicarlo al juez dentro de las 24 horas posteriores a su colocación.

A su vez, el magistrado dispondrá de 72 horas para autorizar o derogar la actuación de los directivos. También, el anteproyecto, obliga a no superar un límite de tiempo (aún sin especificar) de las grabaciones para no perjudicar de forma irremediable la intimidad del individuo investigado.

La nueva ley incrementará los escuchas en más medios de comunicación como son el Whatsapp y los mensajes (sms), también se colocarán en el domicilio del sospechoso y escuchas ambientales.

Estas medidas solo se podrán mantener en un plazo máximo de dos años y solo se autorizarán en caso de que se sospeche que el individuo investigado esté relacionado con grupos u organizaciones criminales, terroristas o posibles delitos informáticos.

Se autorizará a colocar dispositivos en la calle para grabar imágenes y conversaciones de los sospechosos, tanto en el exterior como en sitios cerrados y en lugares públicos.

El propósito es obtener datos e información para esclarecer si el individuo investigado es culpable o no.

Ramon Espalader, el conseller de interior catalán, declaró que la aplicación de esta ley es inadmisible y que esta norma, que quiere imponer el Gobierno de Rajoy, está totalmente "fuera de lugar" y vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la intimidad y protección de las comunicaciones.

Espalder ha insistido en que lo importante es impulsar las medidas para agilizar los trámites judiciales y que los magistrados puedan autorizar, con más rapidez, las escuchas.

Finalmente, enfatizó que el único que puede garantizar que se protejan los derechos de los ciudadanos es el juez.

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