Urdangarín puede enfrentarse a una pena de cárcel que podría alcanzar los veinte años a petición de la fiscalía anticorrupción, que solicita entre 18 y 20, y una fianza de responsabilidad civil que él y la hermana del rey Felipe VI deberán pagar y será de cerca de 600.000 euros. Aparte de esta cantidad, a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y los demás inculpados, con la excepción de Ana María Tejeiro, esposa de Torres, y Cristina de Borbón, le serán reclamados por el fiscal Pedro Horrach un total de unos 6,3 millones de euros por los fondos defraudados, presuntamente, en la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

Sobre Iñaki pesan los delitos continuados de malversación, falsedad documental oficial y mercantil, prevaricación, fraude a la administración, blanqueo de capital, estafa y otros dos delitos fiscales. Torres es acusado de los mismos delitos pero sólo uno fiscal. La fianza que le reclamarán a él y a su mujer será de aproximadamente un millón de euros. A pesar de la decisión adoptada por unanimidad por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Palma, cuyo tribunal ha estado presidido por Juan Jiménez, Diego Gómez-Reyno y Mónica de la Serna, en la que los tres jueces dicen que la infanta no sólo defraudó al fisco sino que también colaboró para ocultar el beneficio y por tanto debe ser juzgada por los dos delitos fiscales.

Anticorrupción considera que no hay indicios de delito, aunque sí admiten que habría obtenido un aprovechamiento ilícito de los fondos que su marido defraudó a través de Aizoon, un total de 337.138 euros defraudados en los ejercicios de IRPF de los años 2007 y 2008 por medio de esta empresa, cuyos propietarios eran él y Cristina al 50 por ciento.

El fiscal Pedro Horrach se ampara para la reclamación de las cantidades solicitadas en el artículo 122 del Código Penal, en el cual se especifica que todo aquel que se lucre al participar en un delito o falta estará obligado a restituir el objeto con el que se haya lucrado o resarcir el daño en la cuantía de dicha participación, incluso si no ha sido considerado responsable criminal de los delitos que se le acusen.

Entre los acusados a los que se les piden penas de cárcel que varían entre los 10 y los 30 años, se encuentran Jaume Matas, con una petición de 10 a 12 años, el ex-director general de Deportes de Baleares, José Luis "Pepote" Ballester; Juan Carlos Alía, ex-gerente de Ibatur; Miguel Ángel Bonet, ex-asesor del Instituto Balear de Turismo y Gonzalo Bernal, ex-gerente de Illesport, que suman 20 años entre los cuatro. También serán solicitadas penas que suman 30 años para Luis Lobón, Jorge Vela, Elisa Maldonado y José Manuel Aguilar, todos ellos ex-altos cargos de la Comunidad Valenciana. La ex-consejera delegada de la Fundación Madrid  16, Mercedes Coghen, hará frente a una petición de siete años de prisión, así como la mujer de Diego Torres y su hermano, Marco Antonio Tejeiro.

En total, 100 años de cárcel entre todos.

Ante el anuncio de que, en caso de que Cristina de Borbón fuera imputada, se le aplicaría la "doctrina Botín", los jueces de la Audiencia de Palma han dicho que "existe un matiz diferenciador" entre el caso Botín y el de la hermana del rey, y es que en este caso tanto la Fiscalía como la acusación personal van a acusar de delito fiscal a otros imputados.

Esperemos que, por fin, los culpables paguen, económicamente y con cárcel, para que los que pretendan seguir sus pasos se lo piensen dos veces y así empezar a erradicar la corrupción de este país.

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